El proyecto de reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social que implementa nuevas modalidades de contratación tuvo varias observaciones tanto por una delegación técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); del director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), David Ruales; y del sector de los trabajadores.

El proyecto de Ley, pretende contrarrestar la condición de desempleo y subempleo a través de la regulación de tres tipos de contratos con duración limitada: contrato a plazo fijo (tradicional); de emprendimiento; y, juvenil. Es una iniciativa del asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano.

Desde Ginebra, Pablo Arellano, Martha Travieso y Emmanuelle Saint- Pierre, de la OIT, dieron sus criterios técnicos sobre las diferentes formas contractuales. Arellano aclaró que, de forma general, se entiende que los contratos a plazo, son situaciones excepcionales, para una eventualidad, un servicio puntual y que bajo ningún concepto deben conducir a la realización de tareas permanentes.

Afirmó que si un trabajador eventualmente va estar por cuatro años bajo la modalidad de contrato fijo, necesariamente va a implicar que se trata de un contrato permanente, por lo que pidió revisar mecanismo y condición mínima. En cuanto a la renovación, sugirió que no sea más de dos, es decir, que no abarque un período mayor a 24 meses.

Por otra parte, Martha Travieso pidió hacer distinción en que no todo teletrabajo se hace desde la casa, sino, desde cualquier lugar, utilizando un medio informático; y, que no debe haber diferenciación con las reglas de la regulación normal del trabajo.

Sobre la seguridad social, Saint- Pierre considera que estas nuevas formas de contratos son medidas positivas en el sentido de que se traduzcan en mayores niveles de protección para más trabajadores y que apuntan a una mejora de la aplicación de los Convenios sobre la seguridad social, ratificados por Ecuador.

En tanto, el director del IESS, David Ruales, señaló que se debe aclarar el tiempo mínimo del contrato, en cada caso; y, qué sucedería en caso de que estos se terminen de forma anticipada, respecto de los valores que haya aportado el Estado, en relación al aporte a la seguridad social. Pidió que se determine el número de personas que serían beneficiadas con este tipo de contratos.

El funcionario cree que se debe fortalecer la figura del trabajo autónomo, a través de un registro obligatorio, y su pago debe hacerse en función de la utilidad que genere. También absolvió varias inquietudes respecto a temas coyunturales, como cobertura en salud y el diferimiento de aportes.

De su lado, César Rodríguez, miembro del Consejo Directivo del IESS y también director Ejecutivo de la Federación de Cámaras de la Pequeña Industria (Fenapi), dijo que están tomando los correctivos para mejorar impases en atención y la cobertura del seguro de salud del sector campesino. Aclaró que el trabajador cuenta con la seguridad social, con cobertura 100 %  y en el caso de indemnización se tendrá que determinar si hay responsabilidad patronal, a propósito de la emisión de la resolución 020 que deja afuera a la pandemia, como riesgo de trabajo.

Las observaciones llegaron también del sector empresarial y sindical. Édgar Sarango, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador; César Rodríguez,  director Ejecutivo de la Federación de Cámaras de la Pequeña Industria (Fenapi); y, Mesías Tatamúez, de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) y presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), presentaron sus inquietudes.

Sarango mostró preocupación respecto a políticas en detrimento de los trabajadores. Pide que la Asamblea haga seguimiento a medidas adoptadas por el Gobierno. Mientras que Mesías Tatamúez enfatizó en que siguen las emisiones de decretos que vulneran derechos laborales y aconsejó no tratar este proyecto de Ley mientras dure la emergencia sanitaria. En tanto, que Rodríguez cree que no solo se debe pensar en el tema del teletrabajo en la crisis sanitaria, sino en asumir una realidad que ya existe.

La Comisión decidió pedir, para el próximo lunes 4 de mayo, la comparecencia  del ministro de Trabajo, Luis Poveda, para que  explique acerca de la resolución 020 que excluye a la pandemia de la categorización de riesgo de trabajo o como una enfermedad profesional. Además para que absuelva varias inquietudes de los legisladores sobre demandas laborales y sobre el proyecto de ley.