La voluntad no es suficiente. La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) cuestionó las últimas decisiones gubernamentales para tratar de transparentar la compra pública por la emergencia sanitaria derivada por la propagación del coronavirus. Según su análisis, la buena intención del presidente Lenín Moreno genera confusión.

El Decreto Ejecutivo 1.033, según la asociación, no ataca los problemas reales de la compra estatal y genera trabas para el empresario formal. El gremio cree que lo principal a realizar, y que no se decidió en el decreto presidencial, es que las entidades públicas deben solicitar a los proveedores el permiso de funcionamiento como “establecimiento farmacéutico”. También es urgente que el Servicio de Rentas Internas (SRI) certifique que el proveedor está relacionado al área médica para evitar que ciudadanos ajenos al gremio lucren sin contar con respaldos de transparencia y calidad.

Hay más. El comprador estatal -ministerios, hospitales, casas de salud, entre otros- debe asegurarse que su proveedor tiene certificación y registros sanitarios emitidos por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa).

Se debe exigir, además, que tengan certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o de Almacenamiento, Distribución y Transporte (Bpadt).

La Asociación pide que el gobierno abra una mesa de trabajo para que se tomen decisiones técnicas.

Hasta hoy, 12 de junio de 2020, las compras públicas por la emergencia sanitaria superan los 185 millones de dólares, según el reporte en tiempo real del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).