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Centrosur C.A. fue la encargada de para llevar adelante el proceso de contratación.Cortesía

Contraloría confirma glosa a exfuncionarios de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur

Según el ente de control se cometieron irregularidades en la administración de un contrato para la implementación de un sistema informático. 

La Contraloría General del Estado informó este martes, 17 de mayo, que se confirma una glosa por 15’453.269 dólares en contra del expresidente de Centrosur, el exgerente del Proyecto de Mejoramiento de la Distribución del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el excoordinador general del proyecto del Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica (Sigde) y el administrador del contrato.

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Las responsabilidades civiles se desprenden de un examen especial donde se encontraron incumplimientos en la entrega de productos y suscripción de contratos complementarios sin estudios que demuestren su viabilidad para la implementación de sistemas informáticos de administración de clientes y planificación de recursos, para empresas estatales de distribución eléctrica.

Según el ente de control los exfuncionarios “en sus periodos de actuación, no verificaron que el proceso se ejecute en los términos ofertados por la contratista. Los productos no cumplieron las características requeridas ni fueron entregados en su totalidad, sin embargo, se efectuaron pagos por el valor de la responsabilidad civil”.

En total son cuatro resoluciones confirmatorias. Una es por $ 10 millones de dólares por la suscripción de una adenda que alteró las condiciones de ejecución del contrato y provocó que los sistemas no se hayan integrado a las operaciones de siete empresas eléctricas y diez unidades de negocio, de la Corporación Nacional de Electricidad.

Otra de $ 2.4 millones por el incumplimiento de plazos para la integración de los sistemas informáticos para la administración de clientes, planificación de recursos, manejo del contenido empresarial y el desarrollo de mejoras informáticas.

La resolución aún no está en firme. De acuerdo a la CGE, la compañía responsabilizada tiene el derecho de impugnar este acto administrativo, solicitando un recurso de revisión por la vía judicial o en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.