La consulta como opcion

Un cruce de advertencias con las cartas boca arriba. La tensión política que vive el oficialismo comienza a mostrar caminos que se barajan.

El primer mandatario abrió la puerta a una consulta popular “si se quisiera obstruir la verdad y poner en riesgo la institucionalidad del país”, según dijo el lunes en su informe semanal.

Moreno se refiere a los hechos de corrupción que envuelven a altos funcionarios como el vicepresidente de la República, Jorge Glas, y a otros exministros.

Así como a la interferencia en la Justicia para evitar las sanciones que corresponden por esos delitos.

El anuncio no sentó bien en las filas de Alianza PAIS (AP). Ricardo Patiño, vicepresidente de la organización, esgrimió la muerte cruzada como posibilidad, si Moreno no desarrolla las políticas que estén en sintonía con el proyecto político.

También el expresidente Rafael Correa reaccionó en su cuenta de Twitter: Si alguien está “interfiriendo” con la justicia hay que meterlo preso, no “llamar a consulta”, escribió. “El discurso anticorrupción como instrumento de politiquería... mientras tanto ni una casa”, subrayó.

La consulta popular del presidente es la respuesta frente a la bancada verde flex dividida, que no garantiza el apoyo a su gestión en la Asamblea.

Pero Moreno no es el primero en proponer ese mecanismo democrático establecido en la Constitución.

Desde que se instaló el Gobierno ya hubo cinco pedidos: de Mae Montaño, de CREO, de los Trabajadores, del Movimiento Unidad Popular, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y del Movimiento político Hormiga.

¿La consulta de Moreno, qué temas podría plantear?

Según el constitucionalista Rafael Oyarte, el primer mandatario puede proponer a la ciudadanía temas muy concretos como enmendar la Constitución para terminar con la reelección indefinida y eliminar algunas funciones del Estado, por ejemplo.

Lo primero garantizaría que Correa no pueda presentarse en las elecciones de 2021.

Lo segundo acabaría con la ‘vida’ del quinto poder, es decir, la Función de Transparencia y Control Social.

Eso llevaría a la ‘muerte’ del Consejo de Participación Ciudadana que elige a las principales autoridades de control. Además, devolvería a la Asamblea su capacidad para nombrar a esas dignidades.

Otra alternativa sería regresar a las tres funciones del Estado y recuperar la independencia entre ellas. También eliminar la comunicación como un servicio público porque es un derecho humano.

Sin embargo, el oficialismo no apoyaría la eliminación de la reelección indefinida. “Es un derecho logrado, una autoridad reelecta que goza del aval de los ciudadanos puede permanecer en el cargo”, dijo la coordinadora del bloque, Ximena Peña a este Diario.

Ni tampoco respalda terminar con las autoridades de control. María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que ese planteamiento está en la agenda de la oposición, no en la de PAIS que ganó las elecciones.

En cambio, la oposición está dispuesta a votar con él.

Roberta Zambrano, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), subrayó que ellos pidieron la consulta porque los poderes están secuestrados por el correísmo. “Eso extirpará el cáncer de la corrupción”, dijo.

Y hay más porque el constitucionalista Roberto López cree que la consulta es lo peor para Ecuador, no daría una solución global a los problemas.

Él apuesta por la Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. “Se convoca por decreto y quedan suspendidas todas las autoridades seleccionadas por el Consejo de Participación Ciudadana”, dijo.