Es cuestión de días para que los 14 jueces que conocerán delitos relacionados con corrupción y crimen organizado con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, pero con competencia en todo el país, asuman sus funciones.

Tendrán la facultad de conocer 44 delitos. Sus despachos están listos al igual que el personal que trabajará con ellos. Las medidas de seguridad que se aplicará en sus casos también se afinan entre la Policía, Ministerio del Interior, el Consejo de la Judicatura y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos.

Los nuevos funcionarios tendrán un dispositivo especial de seguridad. Un experto de la INL estará en el país durante tres meses encargado del tema. A los jueces se les capacitará en medidas de protección.

Por lo pronto y, hasta que tengan un edificio propio, ejercerán sus labores en el segundo piso del Complejo Judicial Norte de la capital.

La presentación oficial de los nuevos jueces: seis de la sala especializada Penal, seis del Tribunal de Garantías Penales y dos de la Unidad Judicial de Garantías Penales se hizo en una ceremonia que inició a las 18:00 de este jueves 8 de diciembre.

Ellos fueron nombrados el pasado 1 de diciembre en una sesión del pleno del organismo. Se trata de Silvana Velasco, Lauro Sánchez, Byron Uzcátegui, Esteban Coronel, Mabel Tapia y Wiler Chóez para la sala especializada Penal. Mientras que para el tribunal de Garantías Penales los seleccionados son Clara Soria, Carlos Serrano, Mario Muñoz, Christian Fierro, Jorge Sánchez y Consuelo Tapia. Para la Unidad Judicial se escogió a Renán Andrade y Vicente Hidalgo.

Sus calificaciones oscilaron entre 91,88 y 82 puntos. Hay también una lista de suplentes que obtuvieron hasta 80 puntos. Entre ellos está el exfiscal general Paúl Pérez Reina.

A la ceremonia fue invitado el presidente de la República, Guillermo Lasso, así como autoridades y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. El presidente de la Judicatura Fausto Murillo recordó el trabajo efectuado durante ocho meses para seleccionar a los judiciales. Dijo que, desde la Función Judicial "no podíamos permanecer indiferentes frente al ataque brutal de estructuras criminales y del narcotráfico". 

Recordó que durante los peores días de la pandemia fueron "testigos de como con impudicia estas organizaciones perversas que habían permeado la institucionalidad y que tienen la venia de ciertos grupos políticos, desmantelaban el sistema de salud pública y se apropiaban de fondos públicos que deben destinarse a causas sociales". Mencionó que tampoco podían permanecer impasibles ante la arremetida del narcotráfico que altera la paz social y que "se mimetiza detrás de ciertos intereses políticos cuyo objetivo primordial es desestabilizar a nuestra democracia".

Envió un mensaje a los grupos delincuenciales: "no podrán actuar impunemente pues tenemos jueces especializados para que apliquen el derecho de forma correcta". 

El presidente Lasso reiteró que una característica de su gobierno es el respeto a la autonomía e independencia las funciones del Estado. "Nosotros no metemos la mano en la justicia, por decencia moral y ética porque el respeto y la independencia de competencia es la columna vertebral de la democracia", señaló.

Peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, son los delitos de corrupción que conocerán.

Además de otros 37 ilícitos relacionados con crimen organizado como genocidio, esclavitud, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, trata de personas, delitos de lesa humanidad, tráfico ilícito de migrantes, secuestro extorsivo y otros.

A Pichincha, Azuay, Manabí, Carchi, Loja y Tungurahua pertenecen 14 jueces que tienen edades entre 33 y 58 años.