La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura adoptarán este jueves dos resoluciones importantes.

La primera tiene que ver con el futuro de la elección del nuevo presidente del organismo y la segunda con el concurso de jueces nacionales que estaba en marcha en la Judicatura.

Las decisiones se abordarán en sesiones extraordinarias convocadas por los titulares de ambos organismos: Iván Saquicela y Álvaro Román Márquez, respectivamente. Lea además: "La inseguridad no incidirá en la elección en la Corte Nacional"

Saquicela convocó este miércoles a los jueces para la sesión extraordinaria que se realizará a las 12:15 de este jueves 18 de enero en el quinto piso del organismo. El único punto del orden del día es el análisis y la resolución sobre la situación actual del pleno de la Corte Nacional.

Eso incluiría la prórroga de los jueces titulares que terminan su periodo en febrero de 2024 por decisión del Consejo de la Judicatura, hasta ser legalmente reemplazados.

Además se abordaría la elección del próximo presidente titular y subrogante de la Corte, considerando el periodo para el cual fueron electos las actuales autoridades. Y finalmente el análisis de la situación de elección del próximo presidente y en caso de no contar con el quorum de 12 jueces, y considerar la prórroga del periodo de los actuales representantes o la designación del juez más antiguo de forma transitoria.

La semana pasada la Judicatura resolvió derogar la prórroga hasta 2030 de seis jueces nacionales que culminaban sus funciones cuatro en febrero de este año y dos en 2027.

Eso dejaría al pleno solo con 11 jueces titulares. Para elegir al nuevo presidente se requiere de una mayoría de 12 voluntades.

En tanto, en la Judicatura el análisis irá por la posibilidad de declarar la nulidad del concurso de jueces que impulsaba el organismo con el expresidente Wilman Terán.

Solanda Goyes, quien debe ser principalizada este jueves, por ausencia definitiva de Xavier Muñoz, preso en la cárcel 4 de Quito por el caso obstrucción a la justicia, es partidaria de que el proceso se declare nulo.

El pedido ha sido presentado, entre otros, por el Colegio de Abogados de Pichincha. Su presidente Paúl Ocaña enumeró la serie de posibles irregularidades detectadas en el proceso.

Cree que se han vulnerado derechos como la seguridad jurídica y a desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades y en un proceso de selección y designación transparente.

Cita además que la Comisión de Expertos para elaborar las preguntas para los candidatos está conformada por personas cuestionadas por sus intereses políticos y que no reúnen los requisitos académicos y profesionales necesarios para el cargo.

Según Ocaña, en el informe técnico consta el listado de una Comisión de Calificación lo que implica que la calificación para los postulantes no fue asignada por el Comité de Expertos, sino por 12 funcionarios de la Judicatura, “todos ellos son subdirectores y trabajan en la matriz del edificio del Consejo de la Judicatura que han sido designados de manera discrecional” por el expresidente del ente.

Se habla también de las pruebas de confianza que fue denunciada por los propios postulantes porque varios de ellos recibieron en su correo electrónico una notificación que también se publicó en la página oficial en la que se indicaba los detalles de lugar, día y hora de la segunda evaluación.

Situación que, según los aspirantes, vulnera el derecho a la seguridad jurídica porque el reglamento para el concurso determina que se rendirá un solo examen de confianza y no se informó a los participantes sobre los supuestos percances que habían existido.

A eso se suma que las vacantes disponibles para jueces no son de siete como se había mencionado desde el inicio del concurso, sino, de únicamente seis, es decir, una vacante menos. 

El detalle

Cuestionamientos. Desde su inicio el concurso de jueces que impulsa la Judicatura recibió cuestionamientos por anomalías. 

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