Violento operativo militar y policial en el cantón Las Naves
El grupo antiminero que lidera la resistencia contra el proyecto Curipamba - El Domo denunció un violento operativo militar y policial en el cantón Las NavesCortesía

Conflicto minero en Ecuador: campesinos heridos tras operativo militar en Las Naves

Según el pronunciamiento, más de 500 uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas irrumpieron en la comunidad

El grupo antiminero que lidera la resistencia contra el proyecto Curipamba - El Domo denunció este 24 de junio un violento operativo militar y policial en el recinto La Unión, cantón Las Naves, que dejó al menos dos personas heridas, entre ellas una mujer con un disparo en el hombro y un joven con una herida profunda en la cabeza que requirió 20 puntos de sutura.

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Según el pronunciamiento difundido por organizaciones sociales y defensores del territorio, más de 500 uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas irrumpieron en la comunidad durante la mañana, en lo que calificaron como una “invasión violenta” ordenada para proteger los intereses de la empresa minera canadiense Curimining, vinculada al Grupo Nobis, del cual forman parte Isabel Noboa y el presidente Daniel Noboa como accionistas.

La comunidad de La Unión, junto a otros recintos del cantón, mantiene una resistencia activa desde hace más de un mes contra la presencia de la minera, a la que acusan de provocar daños ambientales, dividir a las comunidades y vulnerar derechos colectivos.

Violento operativo militar y policial en el cantón Las Naves
Organizaciones de derechos humanos y colectivos ambientales han exigido una investigación inmediata y la desmilitarización de la zona.Cortesía

Organizaciones de derechos humanos y colectivos ambientales exigen investigaciones

“Este es un acto de represión brutal contra campesinos que defienden el agua, la tierra y la vida. No vamos a retroceder”, señalaron voceros del grupo antiminero en su comunicado. Hasta el momento, ni el Ministerio del Interior ni la empresa Curimining han emitido declaraciones oficiales sobre el operativo ni sobre las denuncias de violencia.

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Organizaciones de derechos humanos y colectivos ambientales han exigido una investigación inmediata y la desmilitarización de la zona, advirtiendo que la situación podría escalar si no se garantiza el respeto a los derechos de las comunidades.

“El ingreso de la empresa nunca fue consultado con la población local, como lo exige la Constitución. Se ha priorizado una actividad extractiva que atenta contra la agricultura, el turismo y la ganadería de miles de familias campesinas”, señala el documento.

El grupo también advirtió sobre los efectos a gran escala del proyecto, que impulsa un modelo de minería a cielo abierto. Según los denunciantes, los impactos ambientales no solo afectarán a Las Naves, sino también a la cuenca alta del río Guayas, poniendo en riesgo a cientos de miles de personas que habitan aguas abajo.

En un tono más político, el pronunciamiento acusa directamente a la familia Noboa, accionista del proyecto minero, de influir en el uso de la fuerza pública. “Las fuerzas represivas actuaron como seguridad privada de esta empresa minera imperialista, lanzando gas lacrimógeno y violentando a las comunidades naviñas”, afirman. El grupo responsabiliza al gobierno del presidente Daniel Noboa por lo que consideran una acción violenta que pone en riesgo la integridad y la vida de los habitantes de la zona.

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