¿Qué es el catastro minero en Ecuador y por qué es importante su reapertura?

Tras más de siete años, el Gobierno formalizó la apertura parcial del catastro minero en Ecuador

La apertura del catastro minero ha tomado fuerza en los últimas semanas. Tras más de siete años, este 16 de junio de 2025 se formalizó la apertura parcial de este instrumento para impulsar la pequeña minería no metálica, que comprende el desarrollo de proyectos relacionados con calizas, baritinas, arcillas y otros.

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En septiembre próximo está previsto que se abra este insumo para la pequeña minería metálica (oro, cobre, plata y otros) hasta llegar a finales de año a la mediana y gran minería.

Pero, ¿qué es en sí el catastro minero? Este instrumento es similar a un mapa digital que contiene una base de datos oficial de las áreas donde se desarrolla la actividad minera en Ecuador. En ese software se puede conocer qué concesiones mineras han sido entregadas. También se puede tener detalles sobre el estado de estas áreas, refirió Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador (CME).

Ecuador cuenta actualmente con 1,6 millones de hectáreas concesionadas. Esto representa menos del 6 % del territorio nacional, mientras que solo el 7 % del país está mapeado geológicamente. “Países como Chile tienen más del 75 % de su subsuelo mapeado”, comparó el viceministro de Minas, Javier Subía, quien explicó que las estimaciones apuntan a duplicar el área concesionada hasta 3,2 millones de hectáreas.

¿Por que es importante reabrir el catastro minero?

Reabrir el catastro minero permite atraer nuevas inversiones, generar ingresos, empleo y más, porque empresas exploradoras pueden llegar al país a buscar potencial en Ecuador para luego vender su proyecto a empresas más grandes, como usualmente ocurre en esta industria, explicó Andrés Ycaza, abogado minero.

Exploración minera

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Por ejemplo, Fruta del Norte, que ahora se encuentra en la etapa de explotación, fue descubierto por la empresa Aurelian Ecuador, que luego vendió el proyecto a Kinross y esta a su vez a Lundin Gold, refirió Ycaza.

Así, el catastro minero abierto permite que empresas, que posean estudios sobre un eventual potencial, puedan solicitar al Estado un área para ser explorada. La entrega de esta concesión se debe realizar a través de una subasta o remate, de acuerdo con lo que establece la Ley de Minería, precisó Yépez.

En este proceso, el Ministerio de Energía y Minas debe analizar las ofertas económicas presentadas y entregar la concesión a la firma que mayor monto de inversión comprometa para la fase de exploración en los próximos cuatro años.

¿Qué recibe el Gobierno a cambio de la entrega de la concesión?

Las empresas interesadas en participar en el proceso de subasta (áreas nuevas) o remate (áreas caducadas) deben cancelar los siguientes valores, de acuerdo con el borrador de la norma para el otorgamiento de derechos mineros de no metálicos, detalló Ycaza.

  • Una tasa equivalente a cinco salarios básicos unificados (SBU), $ 2.350, por participar de este proceso.
  • Una tasa de dos SBU, $ 940, para inscribir el acta de adjudicación, que se cancela a la Arcom.
  • Una tasa de un SBU, $ 470, para inscribir el título minero.

¿Qué otros valores deben pagar las empresa mineras?

Una vez que cuenten con un título minero, se debe sumar el pago de la patente y el de la tasa de fiscalización minera.

En el caso de la patente anual de conservación los valores son:

  • Exploración inicial: el 2,5 % de un SBU por cada hectárea.
  • Exploración avanzada: el 5 % de un SBU por cada hectárea.
  • Extensión de evaluación económica: el 7,5 % de un SBU por cada hectárea.
  • Explotación: el 10 % de un SBU por cada hectárea.

Mientras tanto, la tasa minera se fijará considerando un porcentaje variable del Salario Básico Unificado (SBU) por cada hectárea concesionada. Así, el rango será entre el 3 % y 100 %, ajustándose al tipo de minería y la fase del proyecto, señala la resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero Arcom-003/25.

El pago de esta nueva tarifa debe realizar dos veces al año, en julio y enero, para la mediana y gran minería. Y una vez al año para la pequeña minera. La tarifa no aplica para la minería artesanal.

Con la creación de esta tasa de fiscalización minera, el Gobierno busca, entre otros, combatir la minería ilegal. Además, se aspira recaudar alrededor $ 220 millones al año.

La Cámara de Minería del Ecuador ha advertido que el pago de esta carga es inviable sobre todo para la etapa de exploración. Por esta razón, se inició un diálogo el 12 de junio de 2025 con el Gobierno.

Además, especialistas en el tema, como Ycaza señalan que esta nueva tarifa se debe racionalizar porque habrá compañías que no tengan los recursos para cancelarla. “El Gobierno se puede topar con la antipática sorpresa que, de los alrededor de $ 200 millones que se pretende recaudar, al final se logré cobrar solo $ 10”.

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