Algunos postulantes al concurso de contralor general del Estado apuntaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la responsabilidad de la violación de sus derechos durante el proceso de selección y designación de la autoridad de control.

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Los aspirantes a contralor intervinieron en la audiencia de acción de protección presentada por la postulante Julia Palma Farfán. Recurso que, por una medida cautelar, mantiene en suspensión el concurso de selección y designación del contralor general del Estado.

En su intervención, la demandante alegó que el reglamento del concurso fue cambiado en medio del desarrollo del proceso y que, además, se obvió la descalificación de postulantes que incumplieron con la presentación de los documentos exigidos por el reglamento.

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Según Palma Farfán, 80 de los 103 postulantes debieron ser descalificados del proceso por no haber entregado la documentación exigida. Sin embargo, según continuó, se dio un trato desigual al haberles permitido continuar en el concurso.

Por otro lado, sostuvo que el cambio de reglamento también implicó una modificación a las etapas del proceso y la forma en que los aspirantes iban a ser evaluados. "No son cambios simples, son de fondo. Constituyen un cambio en las reglas del juego", indicó.

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Las irregularidades repasadas, según recordó la demandante, fueron ya alertadas por la consejera Mishelle Calvache en el pleno del Consejo de Participación aún presidido por Alembert Vera; pero que fue ignorada.

Del mismo modo, criticó que el concurso haya continuado sin ningún tipo de objeción por parte de la comisión ciudadana de selección del proceso y también sostuvo que el pleno    del Consejo de Participación ha actuado de forma arbitraria.

• La defensa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Ignacio Monge, abogado del titular de la comisión ciudadana de selección, Marco Chalco, sostuvo que, pese a que intervinieron algunos de los postulantes del proceso, ninguno de ellos logró verificar su calidad de afectados en la causa de Palma Farfán.

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Además, sobre la no descalificación de postulantes, argumentó que la comisión ciudadana de selección priorizó el principio constitucional del derecho a la participación ante el cambio del reglamento del proceso, mismo que fue impulsado por una acción judicial previa.

Monge también sostuvo que no se ha violado el derecho a la igualdad, ya que el concurso contempla fases de impugnación y recalificación, mismas que no se han podido seguir por la presentación de la acción de protección con medida cautelar.

Asimismo, María Belén Ramírez, nueva coordinadora de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación, indicó que dicho cambio de reglamento, una de las principales críticas de la postulante Palma Farfán, no fue una decisión arbitraria, sino a raíz de una orden judicial. Indicó que se intenta desnaturalizar la figura de la acción de protección.

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