El Comité por la Institucionalización Democrática presentó este 29 de marzo de 2021 un pedido para que la Corte Constitucional (CC) revise si la Asamblea Nacional (AN) incumplió con un dictamen emitido por este organismo, sobre el trámite de reforma parcial a la Constitución.

Según los proponentes, los legisladores si habrían incumplido una disposición de los jueces constitucionales al haber archivado la propuesta de reforma luego de no alcanzar los votos suficientes para su aprobación.

Pablo Dávila, coordinador del Comité, considera que lo que la CC determinó en su momento es que, al ser esta una propuesta proveniente de la ciudadanía, la Asamblea podía hacer sugerencias y correcciones al proyecto, pero finalmente debía ser procesado a través de una consulta popular.

“Muchos ecuatorianos podrán estar a favor o en contra de nuestra propuesta, otros parcialmente a favor, pero todos tenemos el derecho a expresarnos en la urnas”, señaló Dávila.

Lo que buscaba el Comité es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); la implementación de la bicameralidad en la Función Legislativa; y la independencia de la Fiscalía General del Estado con relación al Consejo de la Judicatura.

Ahora, esta instancia de la sociedad civil espera que los jueces constitucionales declaren que efectivamente la Asamblea incumplió con un dictamen de la CC y como medida urgente se disponga la realización del referéndum popular.

Sin embargo, Dávila es consciente de que aún obteniendo ese fallo favorable de la Corte Constitucional las posibilidades de que la consulta popular se haga en los comicios de segunda vuelta del 11 de abril, son prácticamente nulas.

“Estoy convencido de que la Asamblea alargó los plazos y perdimos esta oportunidad enorme de presentar la propuesta dentro del proceso electoral. Tuvieron un año para discutirla y lo hicieron siete días antes de que concluya el plazo. Claramente hay una intencionalidad”, manifestó el vocero.

Una vez ingresada la petición de seguimiento al dictamen a la Corte Constitucional, y al tratarse de un procedimiento especial, no hay un tiempo definido para que los jueces se pronuncien sobre el posible incumplimiento. El Comité pidió a la CC que se priorice el tema.