La Comisión Ciudadana de Selección del concurso de contralor del Estado decidió este 3 de octubre de 2023 no esperar nuevas ‘maniobras’ y cesó a su secretario, Francisco Toral, acusándolo de desacato por no haber notificado a tiempo las notas de la prueba escrita a los participantes del proceso.

Lo hicieron a pesar de que un día antes el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como para suavizar las cosas, lanzó una disposición de que la designación no se debía detener para volver a revisar las notas, como sugería el secretario, lo que parecía que zanjaba el problema.

Sin embargo, Toral informó que recién el 3 de octubre empezó a notificar, uno por uno, y hasta cuando inició la sesión (cerca de las 11:00) había logrado comunicar a seis postulantes. Su plan era concluir hasta la medianoche del 4 de octubre, basado en el artículo cuarto del reglamento de selección que, según él, le daba 72 horas para hacerlo.

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Esto fue rechazado por los comisionados que le leyeron el artículo del reglamento que le otorgaba 24 horas para notificar y ante la sospecha de que los obstáculos seguirán y la parsimonia podía ser para dar motivos de nulidad de esta fase del concurso decidieron suspender a Toral, que salió de una terna enviada por Alembert Vera al que pidieron otro listado para suceder al secretario.

La sesión fue tensa. Toral reconoció que aún no había entregado a la comisión los informes técnicos que sustenten las supuestas fallas en el proceso de calificación de la prueba escrita. Lo que sí sostuvo es que le parecía irregular que pese a ser 48 los candidatos que dieron la prueba, el reporte de calificaciones aprobado solo habla de 42 y que eso sería el principal motivo de su demora.

“Los otros se perdieron en acción”, dijo con ironía Toral. Marco Chalco, presidente de la Comisión Ciudadana, explicó que de los seis restantes, cuatro rayaron, escribieron leyendas y reclamos en el documento y dos no llenaron nada, por lo que el escáner de calificación no detectó respuestas. Sin embargo, todos los exámenes estarían en cajas fuertes por si alguien pide rectificación.

Aunque la comisionada Eugenia García aseguró que lo hecho por Toral puede ser considerado delito de desacato, que se castiga con hasta tres años de cárcel, la Comisión no ha decidido ir más allá de la remoción de sus funciones, señaló Chalco.

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No fue la única denuncia. El comisionado Lenin Uquillas dijo que el domingo, previo a la aprobación del informe de notas, funcionarios y consejeros del CPCCS los buscaron para presionar a que no se hagan públicas esas calificaciones.

Pero al ser consultado por los nombres de los consejeros que tuvieron esa actitud, dijo que él no estuvo ahí, que le contaron y que en este punto le parecía algo “intrascendente”.

No para la vicepresidente del Consejo de Participación, Nicole Bonifaz, quien dijo que deberán dar explicaciones los consejeros que pudieron intentar presionar a la Comisión de Selección a la que pedirá un informe completo sobre las actuaciones del secretario Toral para analizar si cabe denunciarlo ante la justicia.

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