Hay interés por el proceso. En medio de las sombras sobre la gestión del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una nueva polémica surge alrededor del organismo. Esta ocasión, por un presunto intento de injerencia al concurso de contralor.

Esta denuncia surgió durante la reinstalación de la novena sesión extraordinaria del cuerpo colegiado para conocer, analizar y calificar las impugnaciones presentadas en contra de los postulantes a la Contraloría General del Estado, etapa que también tiene problemas.

Precisamente durante la discusión de estas dificultades y falta de diligencia por parte de la Secretaría General de la institución, la comisionada Maribel Baldeón dio la primera voz de alerta: "Solicitamos que no exista intromisión por parte del Consejo en la documentación que como comisión presentamos. Estamos actuando conforme a derecho (...)", destacó.

Según expuso la comisión ciudadana, la Secretaría General del Consejo de Participación no ha remitido toda la documentación original de las impugnaciones hechas a los postulantes en el concurso de contralor al cuerpo colegiado para su trámite correspondiente.

Tras veinte minutos de empezada la sesión extraordinaria, el comisionado Raúl Guaña soltó la denuncia: "Lastimosamente tengo que informar que hemos tenido incidencia por parte de autoridades de mediano rango que han venido a dar sus 'recomendaciones' a la comisión".

Asimismo Guaña ratificó lo dicho por Baldeón e indicó que rechazan todo tipo de injerencia que se pretenda hacer a la comisión que lleva el concurso de contralor y que el grupo "nos ajustamos al reglamento que está vigente y no necesitamos las buenas voluntades de los coordinadores para que nos vengan a estar dando consejos".

Tras el pronunciamiento de Baldeón y Guaña, la sesión extraordinaria para conocer, analizar y calificar las impugnaciones ingresadas en el concurso de contralor debió suspenderse por aún no contar con la documentación original remitida por la Secretaría General.

En esta sesión, Jhossueth Almeida, representante de la Función Ejecutiva en la comisión, se hizo eco de las denuncias y lamentó el tratamiento que se ha dado a los expedientes de las impugnaciones mientras los plazos reglamentarios del proceso siguen corriendo.