Desde que inició, en septiembre de 2020, un programa de contrataciones de bienes y servicios para los preparativos de las elecciones de este año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha encontrado con un intrincado camino que ha dificultado cerrar exitosamente los procesos llevados en el portal de Compras Públicas.

Muchos de ellos resultaron fallidos, de acuerdo con una revisión que hizo EXPRESO a esas contrataciones.

La institución electoral tiene disponibles $ 91,06 millones en su presupuesto, que fue aprobado en noviembre pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas para los comicios.

La falta de asignación presupuestaria hasta esa fecha, había provocado retrasos en la organización del evento electoral, como lo hizo saber en su momento Enrique Pita, vicepresidente del CNE.

A partir del llamado para contratar la difusión de convocatoria a los comicios, el 17 de septiembre de 2020, el organismo contabilizaba hasta ayer 74 procedimientos, tramitados mediante régimen común y régimen especial (este último por invitación directa).

El CNE declaró desiertos el 43,24 % del total de ellos, es decir 32 procesos fueron archivados, mediante resoluciones.

De los 34 procedimientos que el organismo subió a Compras Públicas para contratar a través de una modalidad regular, 15 fracasaron. Asimismo, se fueron al archivo 17 de los 40 que se convocaron mediante régimen especial.

EXPRESO solicitó un pronunciamiento a las autoridades del CNE sobre lo que acontece en el plan de contrataciones, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

De la revisión efectuada por este Diario, se observan procesos que fueron declarados desiertos hasta en dos y tres ocasiones.

Es el caso, por ejemplo, de la contratación del servicio de creación, producción y difusión a través de pautaje en medios de comunicación y redes sociales, de la campaña de difusión del voto en el exterior, por un monto de $ 445.044. El 19 de enero último, el CNE inició un tercer intento por adjudicar el contrato a un proveedor.

Otro caso, que desembocó inclusive en una controversia, es el de la contratación para el servicio, desarrollo, implementación y difusión de los debates presidenciales de primera y segunda vuelta. Dos procesos, convocados el 4 y el 22 de diciembre, fueron desechados mediante resoluciones firmadas por la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Esa situación llevó a la directora de Análisis Político y Difusión Electoral del organismo, Carmen Idrovo, a renunciar a su cargo, el pasado 9 de enero, no sin antes denunciar anomalías en el tratamiento de esos procesos, que tuvieron como presupuesto referencial un monto de $ 300.000.

Atamaint, en respuesta a esos cuestionamientos, dijo que ambos procesos fallidos “no eran convenientes para el interés nacional, ni en la parte técnica, ni económica”. Asimismo, sostuvo que estaba en marcha uno nuevo con una empresa “que facilitará el servicio en condiciones favorables”. Precisó además que la oferta presentada estaba siendo analizada y siguiendo todos los procedimientos.

En respaldo a su presidenta, el CNE aclaró que está abierto a todo tipo de auditoría por parte de las autoridades competentes, las organizaciones políticas o la ciudadanía. La entidad recalcó que está cumpliendo con todos los procedimientos legales para garantizar una contratación conveniente para el país.

El debate presidencial de primera vuelta ya se realizó y, sin embargo, el nuevo proceso anunciado no se encuentra publicado en Compras Públicas, conforme la revisión que realizó EXPRESO.

Hasta ayer, el más reciente proceso de contratación iniciado por el organismo electoral tenía fecha del 21 de enero, el cual ha seguido la misma tónica de los anteriormente descritos. Es para el servicio, desarrollo e implementación de actividades comunicacionales para la difusión de los hitos del calendario electoral.

Este proceso, que tiene un presupuesto referencial de $ 463.900, se pretende adjudicar por cuarta ocasión. El CNE declaró desiertos los tres anteriores el 11, 23 y 30 de diciembre de 2020.

EL DETALLE

Régimen especial. Los contratos de mayor monto son los dos suscritos con el IGM para la impresión de papeletas y documentos, por $ 5 y $ 4,4 millones.