La denominada Coalición Paz Digna, Niñez y Adolescencia del Ecuador hizo un llamado a las instituciones estatales y al Gobierno para que se garanticen los derechos de los menores de edad,  en medio de la crisis de inseguridad que se vive en el país.

Según la Coalición, la violencia generalizada y la inseguridad que se vive exponen a los niños a situaciones de alto riesgo, exacerbadas por la falta de oportunidades, el abandono estatal y el crecimiento de la economía del delito.

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El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2023) informa sobre un aumento del 500% en homicidios de niñas, niños y adolescentes de 15 a 19 años, resalta la plataforma integrada por cerca de 100 organizaciones sociales.

El crimen organizado busca a los más vulnerables y los recluta, lamenta Vivían Idrovo, una de las voceras de la Coalición.

Critica que se discrimine a los menores de edad por tener tatuajes. "Se olvidan de que esa persona es víctima de todo un sistema del crimen organizado y están invisibilizando a los perpetradores", acota.

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), dice que la primera causa del abandono de las aulas por parte de los menores de edad es la falta de recursos, la pobreza. Luego está la inseguridad en el sistema educativo frente a fenómenos naturales y espacios educativos tomados por la violencia; y como tercera causa, el desinterés en el estudio.

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El docente considera que eso se debe a que el actual modelo educativo es caduco. Por esas razones, la Coalición plantea 13 propuestas para transformar esa realidad. Por ejemplo, recomienda al Estado priorizar la atención a las provincias de la Costa porque, según indican, existen elevados índices de pobreza e inseguridad.

Quishpe aboga por una actuación firme y apegada al sistema de Justicia, que asegure que las acciones estén alineadas a los principios fundamentales de los derechos humanos.

Asimismo, pide que el Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Menores Infractores (SNAI) emita un informe donde se detalles la situación de las y los adolescentes infractores. También propone estrategias de intervención intersectorial para superar las brechas de desigualdad multisectorial.

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