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CNEL es obligada a pagar $ 4 millones por romper un contrato

En 2019, la entidad suspendió unilateralmente el encargo para la emisión de facturas. Una sentencia ordenó revertir lo actuado y reparar el perjuicio

LECTOFACTURACIÓN
Un fallo judicial dejó sin efecto todas las acciones administrativas que dieron por terminado un contrato suscrito entre CNEL y Sercoel en 2018.ARCHIVO EXPRESO

El rompimiento unilateral y anticipado de un millonario contrato para la emisión de planillas de consumo eléctrico le pasa factura a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). La empresa pública está obligada a cumplir con algunas disposiciones emanadas de una sentencia judicial, entre ellas la reversión de ese acto administrativo y el pago de más de 4 millones de dólares.

El caso ha sido de conocimiento de 6 funcionarios que han pasado por la gerencia general de la Corporación (Wilfrido Veintimilla, Luis Aguirre, Hernando Merchán, Bolívar Astudillo, Víctor Molina y Diego Maldonado), sin que pueda resolverse por completo este lío jurídico.

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La actual administración de Diego Maldonado indica a EXPRESO que la entidad “ha realizado todos los recursos ordinarios hasta que el auto de ejecución (de la sentencia) haya estado ejecutoriado”.

Todo empezó el 31 de enero de 2019, cuando el entonces gerente general, Wilfrido Veintimilla, dispuso terminar unilateralmente el contrato del servicio de lectofacturación, por $ 12’086.018,88, que un año antes la entidad había suscrito con Sercoel S. A. Esta empresa, de propiedad de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec EP, posteriormente entró en liquidación.

La terminación del compromiso, que incluyó una imposición de multas contra la contratista, dejó un afectado colateral: la empresa Orbiscorp S. A., que había sido subcontratada por Sercoel para la provisión de equipos y servicios tecnológicos. Por ese encargo esta debía recibir el 40,06 % de los ingresos del contrato de lectofacturación para las unidades de negocio de Guayaquil, Milagro, El Oro, Esmeraldas y Sucumbíos.

La subcontratista interpuso entonces, en Guayaquil, una demanda de acción de protección y medida cautelar, de la que obtuvo resultados favorables. El 10 de junio de 2019, una sala especializada de la Corte Provincial del Guayas ratificó una sentencia del juez de primera instancia, Andrés García, dictada tres meses antes, y admitió una reparación integral a favor de la accionante.

Varios autos dictados a lo largo del proceso dispusieron las obligaciones para el cumplimiento de ese resarcimiento.

El fallo judicial dejó sin efecto todas las acciones administrativas que dieron por terminado el contrato suscrito en 2018. Y dio un plazo perentorio para que, a más de la devolución de las multas, CNEL EP liquide a Orbiscorp, a través del pago a Sercoel, valores adicionales contemplados en un informe técnico que presentó la empresa demandante.

Santiago Serrano, gerente de Orbiscorp, detalla a EXPRESO que la Corporación fue conminada a devolver $ 1’378.449,13 por concepto de multas impuestas y, adicionalmente, a pagar $ 2’626.000, por varios rubros operativos. CNEL empezó a hacer esos desembolsos desde julio pasado, precisa el empresario, quien cuestiona que la entidad no ha acatado la orden judicial de revertir la resolución que puso fin al contrato de manera anticipada.

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“Esto no ha terminado porque pondré una demanda contra CNEL y Sercoel en lo Contencioso Administrativo para exigir daños y perjuicios”, advierte Serrano. El monto de ese reclamo, adelanta, será de 2 millones de dólares.

“Le puedo asegurar que hice todo lo necesario para evitar llegar a esta instancia. Estuve dispuesto a resolver esto en otros ámbitos”, comenta el empresario.

HISTORIA DEL LÍO JUDICIAL
Varios autos dictados a lo largo del proceso judicial dispusieron obligaciones para el cumplimiento del resarcimiento.DISEÑO EXPRESO

Sobre el caso, la Corporación respondió a este Diario que se ha cumplido recién con esos pagos por cuanto ha “buscado agotar todos los medios impugnatorios que la ley prevé en la defensa de los derechos institucionales”.

La entidad de electricidad refirió que ha presentado una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero que, en vista de que ese recurso no suspende la ejecución de la sentencia, está en la obligación de cumplir lo ordenado por el juez.

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Sin embargo, CNEL no aclaró si validará el compromiso que había roto con Sercoel. La Unidad de Negocio Guayaquil, por su lado, se apresta a contratar un proveedor para la lectofacturación, mediante un proceso de subasta inversa electrónica, en el que hasta ahora la oferta más baja presentada es de $ 3’610.000, como lo informó este Diario en un reportaje publicado el lunes.

La Corporación respondió a EXPRESO que está “realizando todas las acciones administrativas que conlleven a nuevas contrataciones y en consecuencia de aquellas que ya han culminado. Sabemos la importancia de este proceso precisamente y estamos dándole prioridad al mismo”.

Desde el 1 de febrero de 2019, tras el rompimiento contractual, la empresa pública encargó el servicio de lectofacturación, sin la firma de un contrato formal, a Proyelect Holding. A este consorcio, conformado por las empresas GHS, Asistecom y Erodata  le cancela por medio de convenios de pago. EXPRESO comprobó que las dos últimas tienen individualmente contratos vigentes con CNEL, que aparecen en el portal de Compras Públicas.

La liquidada Sercoel fue reactivada

Otra orden de la sentencia fue que la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil deje sin efecto la liquidación de Sercoel S. A. y se proceda a su reactivación. El pasado 18 de agosto, ese organismo dio cumplimiento a esa disposición judicial.

Este Diario consultó a Celec EP, como propietaria de Sercoel, sobre las acciones tomadas para que se dé cumplimiento a la orden de dejar sin efecto la terminación del contrato de lectofacturación suscrito con CNEL en 2018. La entidad solo respondió que está en proceso de designación del nuevo gerente de esa empresa.

DESEMBOLSO 

En el registro de destinatarios de los recursos públicos, CNEL reportó en julio pasado el pago de $ 1’378.449,13 a la excontratista Sercoel.