Lo de la Asamblea con la fiscal Diana Salazar retrata la profunda putrefacción de la ética pública de la mayor parte de la clase política ecuatoriana. Al menos de la que existe en los dos movimientos que acompañan al gobierno de Daniel Noboa, en el llamado pacto de gobernabilidad: la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano.

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Cuando la gran mayoría de la sociedad está estremecida por las revelaciones de los casos Metástasis y Purga, únicamente posibles por la determinación de Salazar, la clase política opera como que si nada de eso hubiera ocurrido.

Como si el Ecuador anterior a estas revelaciones fuera el mismo que hay actualmente con la información que ha salido sobre cómo operadores políticos, jueces, narcotraficantes y meretrices de la institucionalidad prostituyeron la justicia para beneficio propio y la de sus socios mafiosos.

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El tercer fracaso para conseguir apenas 70 votos y aprobar una simple resolución de apoyo a la fiscal por sus esfuerzos de destapar la olla podrida de la justicia y las mafias, mostró cómo la Asamblea Nacional está dirigida por agrupaciones políticas largamente desprovistas de la legitimidad ética para tomar decisiones que marquen, aunque sea remotamente, el destino del país.

Técnicamente, lo único que se esperaba es un gesto de la Asamblea para decirle al país que el empeño de la fiscal en destapar las cloacas es un empeño de todos y que no está sola.

Un gesto que es apenas eso, un acto simbólico que ni siquiera compromete las cochinadas en las que muchos de los asambleístas que hubieran votado a favor están trabajando con verdadero tesón y entusiasmo.

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Hay que ver la conducta que ha tenido el Partido Social Cristiano y su presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para dimensionar la envergadura de los albañales de la política nacional en este tema de la fiscal, porque del correísmo al menos se sabe que su odio a Salazar no permite esperar nada de ellos más que revancha y saña.

Como la Asamblea estaba quedando como el puerco, porque no había sido capaz de aprobar el respaldo en dos ocasiones, Kronfle apareció en su rendición de cuentas del lunes 18 de marzo prometiendo que el día siguiente se iba a aprobar finalmente ese apoyo político.

“Mañana vamos a tratar un respaldo institucional a la fiscal general”, anunció con toda la prosopopeya de la que es capaz un maestro de ceremonias de comité cívico parroquial, para que al día siguiente haya quedado al descubierto que lo quería es que se apruebe una resolución que bajo el bobo lugar común de respetar la independencia de la Fiscalía, lo que se hacía es enumerar a siete procesos de investigación sobre los que la Salazar debía informar.

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Siete procesos que, por supuesto, no incluían dos casos que son altamente sensibles para socialcristianos y correístas: el de J.J. Franco (mano derecha de Jaime Nebot) y el del uso de los recursos para la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016, donde el mayor involucrado es el exvicepresidente correísta, Jorge Glas.

Como en la tarde del martes, poco antes de que se fuera a tratar el orden del día, Kronfle se dio cuenta de que le podían mocionar que en el listado se aumente el caso de J.J. Franco dio por clausurada la sesión. Y cuando apareció en Teleamazonas para responder frente al periodista Milton Pérez sobre tema, Kronfle protagonizó lo que debe ser una de las piezas más extraordinarias de la sinvergüencería nacional.

Aseguró que el apoyo de la Asamblea a la fiscal se aprobó ya en diciembre de 2023 (mostró el documento de aquel entonces tomando a la audiencia como estúpida) y que ahora lo que se quería hacer es pedirle cuentas a Salazar por sus actuaciones. Lo que podía ser comedia pasó a tragedia cuando agregó, sin sonrojarse siquiera, que la Asamblea tiene la facultad de decirle a la fiscal qué tema debe investigar.

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Y para colmo, cuando Pérez le preguntó por la ausencia del tema de J.J. Franco en el proyecto de resolución, Kronfle remató con algo que hubiera sido premiado en un reality de televisión: “ese caso es personal”, soltó ensayando indignación, como argumento de que por tratarse de un tema personal (¿No sabe que en Derecho Penal únicamente existen responsabilidades personales?) lo de Franco no debía estar en la lista aprobada por la Asamblea.

Lo de la Asamblea y lo de Kronfle, en relación con la fiscal Salazar, sintetizan el grado de desconexión de los políticos y con la sociedad. Ni siquiera tienen la capacidad de percatarse de lo que la gente del común y la opinión pública están sintiendo luego del destape de Metástasis y Purga.

Y así fue como, finalmente, el inofensivo gesto de apoyar a la fiscal Diana Salazar terminó convirtiéndose para la Asamblea en algo parecido a un cangrejo en la bragueta: un problemón del que la salida siempre es deshonrosa y llena de vergüenza.

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