Un clamor que no se apaga

Un hilera de seis viviendas de cemento a medio construir en un extenso terreno abandonado donde solo se ve tierra y maleza es el triste escenario de lo que pudo ser el proyecto urbanístico Arcos del Río, en el kilómetro 1, 5 de la vía Narcisa de Jesús, en Guayaquil.

El programa habitacional, que comprendía 1.200 lotes distribuidos en tres urbanizaciones, era impulsado por la inmobiliaria Terrabienes, una de las compañías del grupo empresarial Ortega Trujillo.

El 29 de enero de 2015, la Superintendencia de Compañías intervino a la empresa, por problemas financieros y por el incumplimiento en la entrega de casas a miles de personas que habían pagado por ellas. La constructora quedó inmersa en las medidas cautelares que días después ordenó el organismo de control en contra de 30 personas, varios miembros de la familia Ortega Trujillo y 82 personas jurídicas.

A partir de ahí empezó el calvario para más de 1.000 personas que dicen haber sido perjudicadas por Terrabienes y que reclaman las casas o la devolución de su dinero. En el juicio penal iniciado por una supuesta estafa masiva, que se paga con hasta 10 años de cárcel, hay seis procesados. El exgerente de la inmobiliaria, Jorge Ortega Trujillo, es el único detenido.

El pasado 13 de enero, los jueces de la sala especializada de la Corte Provincial de Justicia de Guayas nulitaron la audiencia preparatoria de juicio, efectuada el 18 de septiembre de 2015, en la cual la Fiscalía acusó a los procesados. Por tanto, esa diligencia tendrá que repetirse.

“Somos mil perjudicados que en promedio pagamos $ 30.000 por tener una casa, por lo que el perjuicio es de unos $ 30 millones”, señala Kevin Zaruma, presidente del comité de perjudicados. El frente, que se reúne cada sábado en el lugar donde debieron ser edificadas las viviendas, ha encontrado en los plantones una forma de exigir a las autoridades una solución al caso.

¿Tienen esperanza de tener su casa o recuperar el dinero? “Yo tengo la fe en Dios, porque en la justicia ya la perdí”, responde Laura Vásquez, una exempleada de Terrabienes que dice haber abonado $ 28.000 para una casa y que además reclama por su liquidación laboral.

Sandra Farfán Aguirre, ama de casa

‘Sin dinero para tratar a mi esposo’

No querían seguir en la casa que ocupaban en la Base Aérea de Guayaquil, y por ello Sandra Farfán y su esposo, un oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, decidieron en 2010 adquirir una vivienda en Olivos del Río, que es parte del proyecto Arcos del Río, cuyo costo ascendía a $ 62.000.

Con un abono de $ 18.370, que cubría la entrada, la familia quedó a la espera de que le fuera entregada su casa. “Debían hacerlo en septiembre de 2013, pero para esa fecha no había nada construido”, cuenta Farfán.

Los apuros para ella empezaron meses después. El 18 de marzo de 2014, a su cónyuge le detectaron un tumor maligno en la cavidad cerebral. Recuerda que por la emergencia, pidió en varias ocasiones a los representantes de Terrabienes deshacer el contrato para que le devuelvan el dinero. Fue una lucha infructuosa, dice Farfán.

“Ahorita quiero sacar adelante a mi esposo y para ello necesito el dinero. Son 500 dólares que cada mes demanda su tratamiento”, señala.

Javier Huacón Ruiz, jubilado de la policía

‘Les entregué el dinero de mi jubilación’

Parado al pie de una casa inconclusa, la 035 de la manzana 5712 en Olivo del Río, que supuestamente iba a ser de su propiedad, Javier Huacón, de 53 años, no oculta su rabia al recordar su caso. A raíz de su jubilación, en 2013 eligió esa urbanización para vivir junto con su esposa y sus dos hijos.

Recuerda que los promotores lo deslumbraron al mostrarle las viviendas terminadas de la aledaña urbanización Veranda, construida por Terrabienes. “Pagué $ 73.000 en efectivo , de contado, para tener una casa que debían entregarme el 20 de octubre de 2014, pero nunca lo hicieron”, se lamenta.

Huacón sostiene que cuando venció el plazo de entrega de la edificación, los argumentos de la inmobiliaria eran que estaban rediseñando los planos porque el Municipio de Guayaquil iba a construir un puente cerca del área. “Pero eso no era verdad”.

“Opté por adquirir una vivienda con el fin de darle una mejor vida a mi familia, pero en lugar de eso, lo que les estoy dando es sufrimiento y enfermedades”, dice apenado.

Brigitte Marca Espinoza, estudiante

‘La familia mandó la plata desde Italia’

Corría 2010 cuando los esposos Manuel Marca y Marina Espinoza, radicados por ese tiempo en Italia, se propusieron adquirir una casa en Guayaquil para facilitar los estudios de sus hijos. En una de sus visitas al país se inclinaron por el proyecto Olivos del Río, que promocionaba Terrabienes. La casa elegida costaba $ 54.500.

“La plata la enviaban mis padres desde Italia. Inicialmente pagamos el 30 %. Para completar el pago total ellos hicieron un préstamo de 21.296 euros en Italia”, recuerda Brigitte, uno de los vástagos, quien hoy vive en Guayaquil.

Según cuenta, la casa tenía que ser entregada en septiembre de 2013, pero no estuvo terminada en el plazo previsto. “Siempre hubo excusas por el retraso”. La siguiente oferta de entrega fue para marzo de 2014.

“Seguíamos viniendo a ver la obra, pero no había nada. Después se supo que todo era mentira”, dice la joven, quien hace saber que, a raíz de ello, se sumaron al comité de perjudicados para reclamar con la esperanza de que se haga justicia.

Iván Collantes Rizzo, hijo de jubilados

‘La lucha es por mis padres enfermos’

“Nos enamoramos del proyecto porque nos dijeron que las casas iban a ser como las de Veranda”, dice Iván, de 26 años, quien representa a sus padres Alejandro Collantes y Graciela Rizzo.

“Hoy yo tengo que hacer frente a la situación. Mi madre tuvo que vender su casa, en La Floresta, para poder pagar la de acá. Ella tiene cáncer y recientemente fue operada; y mi padre está discapacitado”, revela el joven.

La negociación la hicieron en 2010. Entregaron $ 35.000 como abono, para una villa en Olivos del Río, que tenía que pasar a manos de sus compradores en 2014. “Transcurría el tiempo y veíamos que la obra no avanzaba como en otras urbanizaciones del sector. Preguntábamos qué pasaba y nos sacaban muchas excusas”, afirma.

Según Collantes, cuando vieron que las primeras casas en construcción eran adosadas, reclamaron a la inmobiliaria, lo que llevó a la firma de un nuevo contrato para un cambio a la urbanización Veranda del Río. Tampoco allí vieron su vivienda.