La Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han hecho gran énfasis en los resultados de los operativos realizados desde la declaratoria de guerra interna el pasado 9 de enero.

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Entre las cifras destacadas está la captura de más de 7.000 ciudadanos en los casi 100.000 operativos dados hasta el cierre de este informe. Pero de ese número, apenas cerca de 300 corresponden a personas relacionadas con las 22 organizaciones terroristas identificadas.

“Mucho ojo con lo que nos dicen, porque si apenas se identifica que hay cerca de 300 presuntos terroristas, ¿de qué delitos se acusa al resto? Esa estadística no nos dice el Gobierno. ¿Esos detenidos han sido liberados automáticamente? ¿Hay medida cautelar de prisión preventiva? Y, ¿a órdenes de quién están?”, reflexionó el experto penal Joan Paúl Egred.

Diario EXPRESO solicitó a la Fiscalía General del Estado que indique el número de acusaciones y delitos cometidos por los detenidos desde el 9 de enero de 2024 a la fecha en el marco del estado de excepción, pero hasta el cierre de esta edición no se entregó la información.

A través de su Departamento de Estadística se contestó mediante correo electrónico que se tramita la información y que cuando esté lista, se compartirá los datos correspondientes.

Los documentos fueron solicitados con el fin de conocer si es que por los más de 7.000 detenidos ya existen procesos legales en marcha y las respectivas diligencias en el sistema de justicia.

“Lo que se puede decir es que hay 300 posibles procesados por terrorismo porque los han identificado así. Lo que quiere decir que no hay un combate real a la delincuencia organizada. Entonces, hay una diferencia enorme entre gente procesada penalmente y detenciones momentáneas”, cuestionó Egred.

No obstante, Juan José Hidalgo, experto en criminología y cultura de paz, sostiene que se debe “tener conciencia del esfuerzo del bloque de Seguridad”, pero sería mejor tener el indicador de efectividad con los casos procesados en flagrancia.

En consecuencia, también se pidió al Consejo de la Judicatura el número de causas iniciadas que correspondan al decreto 110 y 111, que establece un conflicto armado interno y lucha contra grupos terroristas. Se dijo que también estaban procesando los datos. Pero se adelantó que no existen más de 7.000 causas iniciadas correspondientes a la guerra interna en Ecuador.

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Asimismo, se pidió un comparativo con los procesos levantados desde la misma fecha que no tengan relación al terrorismo o la medida declarada. Pero la respuesta no estuvo lista hasta el cierre de esta edición.

“El presidente (Daniel Noboa) debería pedirle a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura que también publiquen las cifras porque si no todo el trabajo del bloque de seguridad queda cojo y tampoco sabremos si de verdad se los judicializa, salvo los casos sonados”, lamentó.

Hidalgo sostiene que si se avanza con este ritmo de operativos, es muy probable que se superen los 10.000 detenidos al terminar el estado de excepción y que, con ello, otra vez habría un problema de hacinamiento en los penales del país.

“Se detienen muchas personas y al paso que vamos, será un problema porque, por ejemplo: se detiene a una persona por hurto, es una contravención menor y no amerita prisión preventiva. No sabemos si hay un abuso de la prisión preventiva por la falta de publicación de datos”.

Sin embargo, el presidente Daniel Noboa respaldó nuevamente a la Policía y a las Fuerzas Armadas en un evento dado en la provincia Los Ríos, en referencia al primer mes del estado de excepción, y ponderó que se mantendrá el mecanismo de trabajo en el bloque de seguridad.

“Seguimos luchando contra el narcoterrorismo. Nosotros volveremos a darle tranquilidad a cada uno de los ciudadanos, nosotros volveremos a darle paz, no solo a esta provincia, sino a todo el país”, dijo el primer mandatario en su intervención.

• Dato. Policía y Fuerzas Armadas destacan números. Judicatura y Fiscalía no exponen las causas iniciadas tras detenciones.

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