Hasta el 30 de abril del año en curso, el Consejo de la Judicatura registra un total de 19 causas ingresadas por terrorismo en todo el país, pero la cifra coincide con el repunte de violencia que registra la nación si se compara con el total de los casos presentados en todo 2022, fueron 21.

Según el organismo, entre 2021, 2022 y los primeros cuatro meses de 2023 se han recibido 46 procesos, pero se han resuelto apenas 26 y estos no significan que son los ingresados en el período antes mencionado, sino que pueden incluir pleitos legales de años anteriores a los solicitados.

En Ecuador se sanciona desde el año 2014 el terrorismo hasta con 26 años de prisión si es que hay uno o más muertos por el hecho y dependiendo del tipo de atentado.

El artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula 10 incisos que van desde la toma de un medio de transporte para su destrucción, hasta el lanzamiento y abandono de un artefacto explosivo en contra de un lugar de uso público.

De los datos presentados por la Judicatura se indica que apenas siete casos son por el uso de artefactos explosivos, según el inciso 9 del artículo de la ley, todos estos casos fueron en Guayas; y otros siete han sido resueltos en la misma provincia.

No se detalla el número de procesados y el tipo de sentencia emitida. Pero en esta provincia es donde más coches bomba se han registrado y los ataques armados contra las Unidades de Policía Comunitaria, así como también macabras muertes violentas o grupales como la dada en una vulcanizadora a finales de abril.

No obstante, el pasado 3 de mayo el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo 730, que ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar acciones para reprimir la delincuencia organizada como una “amenaza terrorista”.

Estas acciones son en apoyo a la Policía Nacional, entidad que se encarga de atender en primera instancia los temas de seguridad. Es por ello que Diario EXPRESO solicitó a esta institución, el pasado 18 de mayo, el número de atentados terroristas ocurridos en Ecuador desde el año 2021. 

En primera instancia explicaron que no tenían los datos porque no los clasifican como atentados terroristas, sino como ataques armados en lugares públicos o contra personas. En vista de ello, el periódico requirió dicha información y luego contestaron que tampoco la tenían, porque “el registro que se lleva es por procedimientos policiales, no con registros de atentados”.

Es decir, que según lo anunciado, no tienen una contabilidad de los hechos con los respectivos pormenores a pesar de elaborar partes policiales del hecho suscitado al momento de atender la emergencia o también porque periódicamente el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) expone periódicamente las gestiones antiexplosivos, mucho menos por el decreto 730.

Debido a la insistencia del medio de comunicación, recomendaron acudir con Fiscalía para conocer el número de casos dados en el país. Se hizo la gestión y se pidió, además, el número de detenidos e investigados por terrorismo, los hechos catalogados como terrorismo y conocer en qué etapa del proceso se encuentran. Pero hasta el cierre de este informe no hubo contestación al pedido.

Además, se requirió conocer por qué delito se investiga las muertes ocurridas en la segunda semana de mayo, como por ejemplo: el ataque armado contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo; la masacre en un velorio en la ciudad de Manta y lo ocurrido en Montañita, provincia de Santa Elena, en donde murieron seis personas en un restaurante. 

“Es importante que se tipifique como debe ser los delitos, porque el solo hecho de intimidar a los de un territorio con una muerte violenta o la emisión de mensajes pueden ser catalogados como actos terroristas y esto es importante para incrementar la seguridad en el país”, expuso el general Víctor Rodríguez Rojas, comandante de la Fuerza de Tarea, para reforzar la seguridad en Guayas por actos de terrorismo, según el decreto presidencial 730.