Mientras el caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio espera la fecha de la audiencia preparatoria de juicio las diligencias en el expediente de posible asesinato por omisión y ejecución extrajudicial avanzan en la Fiscalía.

En la página web de la Fiscalía en el área de consulta de denuncias se registró el pasado 17 de agosto de 2023 el ingreso de un pedido de investigación que fue ingresado como posible ejecución extrajudicial. El expediente está a cargo de la Comisión de la Verdad de ese organismo que se ubica en la avenida Patria y calle Juan León Mera, en el norte de Quito.

La investigación previa, según pudo conocer EXPRESO, se abrió a finales de agosto o inicios de septiembre antes de la vinculación de los siete sospechosos a la instrucción fiscal por el asesinato del periodista y político, ocurrido el 9 de agosto pasado a la salida de un mitin en el norte de Quito. (Lea además: "Caso Villavicencio: Acusado por asesinato pidió un nuevo habeas corpus")

Respondería a una denuncia presentada por al menos ocho familiares del excandidato en contra de varios funcionarios entre ellos el presidente Guillermo Lasso, el ministro del Interior, Juan Zapata, y el excomandante de la Policía, Fausto Salinas que denunciaron presunta omisión dolosa.

Fiscalía no tiene otra alternativa que iniciar la investigación, señaló Pablo Encalada, abogado del mandatario para quien se trata de una denuncia absurda “pues está claro que se trató de un sicariato. Por eso hay un proceso penal en curso”.

Lo que buscaría la Fiscalía con la investigación es reunir los elementos de convicción que permitan identificar si es que las personas denunciadas cometieron alguna conducta omisiva por la cual resultó la muerte de Villavicencio o en su defecto no fue omisión de la Policía sino alguna otra razón o factor. (Le puede interesar: "EE.UU. ratifica su apoyo para encontrar a los asesinos de Fernando Villavicencio")

También se estaría investigando la probable ejecución extrajudicial del sicario.

Hay varios convocados a dar versión sin juramento la próxima semana. Entre ellos, miembros de la excúpula policial que estuvieron hasta el 7 de octubre, día en que se conoció que al menos los seis principales sospechosos del delito fueron asesinados en una cárcel de Guayaquil.

Otro más murió en un centro carcelario de Quito. Con ello, el expediente se quedó con seis sospechosos que podrían recibir acusación de la Fiscalía.

Seis de los siete procesados ahora muertos habían sido detenidos a las pocas horas del asesinato a la salida de un mitin político, donde un sicario se acercó a Fernando Villavicencio y disparó por varias oportunidades mientras el excandidato se subía a una camioneta.

El autor del sicariato también perdió la vida producto de los disparos de un miembro de la seguridad de Villavicencio. Su deceso se investigaría como presunta ejecución extrajudicial.

Su reemplazo en las elecciones de primera vuelta, el excandidato Christian Zurita aún no ha sido llamado a dar una versión en esa causa.

Tampoco ha sido citado el asambleísta de Construye Patricio Carrillo, según se conoció. Quien sí está en la lista es el ministro del Interior, Juan Zapata, para el próximo 25 de octubre en el edificio matriz de la Fiscalía, en el norte de Quito.

Para Juan Pablo Albán, abogado especialista en Derechos Humanos, por la naturaleza misma de la ejecución extrajudicial le parece que sería una “barbaridad jurídica pero muy extrema” una investigación de asesinato extrajudicial por omisión.

Comenta que una ejecución extrajudicial es una muerte resultante de un acto de abuso de poder. Por la naturaleza misma de la ejecución extrajudicial tiene que haber un comportamiento activo, no omisivo, es decir se trata de un funcionario público que abusando del poder que ostenta, causa la muerte de otro mediante una acción. Aclara que no existe tal figura de una ejecución extrajudicial por omisión.

Adicionalmente en el caso Villavicencio agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos han colaborado en las investigaciones que llevó adelante la Fiscalía en el caso del asesinato de Villavicencio. Además, se ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares a quien proporcione información certera de los posibles autores intelectuales del asesinato.

Esa oferta es independiente del programa de recompensas en casos de terrorismo y contra la seguridad pública, financiado por el Comando Sur de los Estados Unidos que se anunció el martes en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de Pusuquí, indicó el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick. 

El detalle

Elemento. El caso de asesinato cuenta con el testimonio de un testigo protegido que no está procesado en el expediente. 

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