A pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado para enfatizar que el fiscal César Suárez sí tenía custodia, pero que estaba “a cargo de las unidades policiales” relacionadas a los casos que investigaba; la Policía argumentó que no hubo protección porque la víctima dijo que no requería acompañamiento.

A esa cadena de excusas se suma la expuesta por el jefe de Policía zonal, Víctor Herrera, quien dijo que en abril del año anterior se alertó al funcionario que iba a terminar su custodia permanente.

“Existe un informe ejecutivo con base en el Acuerdo Ministerial 055, que es el que cobija de protección, previo un análisis de riesgo. Tuvo seguridad hasta el 10 de mayo de 2023 y de acuerdo con el protocolo él fue comunicado 30 días antes para la actualización del análisis de riesgo, pero eso no se cumplió, ni lo solicitó”.

Ramón Celaya Gamboa, quien fue vicefiscal general en México, sostiene que hubo dos errores: El primero, por parte de Suárez, al subestimar los riesgos. El segundo fue del Estado ecuatoriano, porque no puede dejar la protección al libre albedrío cuando se trata de casos transnacionales.

“Alarma a la comunidad nacional porque deja en evidencia que la nación no puede controlar temas preventivos en la lucha contra la delincuencia. Si bien hizo la petición, como ha pasado en México, no se puede aceptar esa orden porque se trata de la integridad de un país y la imagen institucional en casos tan relevantes, porque están en situación de riesgo y solo es cuestión de tiempo para que lo priven de la vida”.

Celaya Gamboa resalta que en su patria se ha dispuesto que en distintas instancias gubernamentales cuenten con su propio cuerpo de seguridad profesional.

“El Consejo de la Judicatura Federal tiene una dirección especializada en esos servicios que cuenta con vehículos blindados que se asignan a los funcionarios en riesgo y son irrenunciables. Ellos tienen que acostumbrarse y entender que puede ser incómodo, pero es necesario para evitar la impunidad”.

En Colombia también existen estos mecanismos y se adoptó el sistema de los denominados ‘funcionarios sin rostro’, que busca evitar la identificación plena de las personas que atienden casos muy importantes. Pero ahora se analiza un sistema de vigilancia que aún no es aprobado según comparte Rafael Padilla, experto en seguridad tecnológica.

“Aplicaciones de seguimiento personal, que incluyen ubicación, mensajes privados, patrones de seguimiento en tiempo y espacio. Esto manejado desde un centro de control usando 4G y 5G como medio de conexión inmediato, para tener en vivo una situación real de todos los funcionarios para prevenir y anticipar amenazas”, explicó.

¿Pero por qué Suárez fue a una audiencia telemática de forma presencial? El abogado penalista Juan José Hidalgo explica el principio de inmediación que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.

“Con la gran cantidad de pruebas e informes que tiene que hacer y exponer un perito, las audiencias virtuales resultan bastante incómodas... El principio citado ordena que el juez tiene que percibir las pruebas con sus propios sentidos. Obviamente, en el estado de seguridad del Ecuador esto debe cambiar”.

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