Caso Metástasis, la segunda parte. Las Fiscalía General del Estado realizó, en conjunto con la Policía Nacional, varios allanamientos en Guayas, la madrugada de este 4 de marzo de 2024, como parte de una investigación a la que ha denominado Caso Purga. En este nuevo proceso de investigación liderado por el Ministerio Público, en el que están involucrados exmiembros de la Corte Provincial, las autoridades buscan desmantelar una presunta red de delincuencia organizada que involucra a funcionarios del sistema de justicia de la provincia.

Entre los detenidos están: 

Fabiola Gallardo. Abogada, magíster en Ciencias Penales y Criminología. Fue Presidenta de la Corte Provincial de Guayas, era jueza de la Sala de lo Penal de esa provincia. Llegó a ese cargo al acreditar más de 20 años de experiencia. Anteriormente fue cuestionada por el nombramiento de Mayra Salazar, como asesora de Comunicación en esa Corte. Esta última está detenida por el caso Metástasis.

Johan Marfetán. Es juez de la Corte Provincial de Guayas. Se lo investiga por, supuestamente, haber recibido sobornos que alcanzaron los 140.000 dólares para emitir dictámenes para favorecer a la madre y hermano del narcotraficante Leandro Norero.

Saúl Mero. Es abogado, magíster en Derecho Constitucional y Penal. Ocupaba un cargo administrativo en el Consejo de la Judicatura Laboró como Secretario de la Dirección Provincial de Control Disciplinario.

Guillermo Valarezo. Es juez de Guayas. Fue parte del Tribunal que benefició con hábeas corpus al excabecilla de Los Choneros, Júnior Roldán, alias Junior. Por esa decisión enfrentó un proceso disciplinario interpuesto por la Corte Provincial de Guayas. Fue denunciado por autoridades del Municipio de Quito en 2022 por un fallo a favor de una empresa de publicidad por una acción de protección.

Pablo Muentes. Exasambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC) en 2022. Se desempeñó en 2014 como coordinador ejecutivo de Participación Ciudadana del Municipio de Guayaquil. Se lo conoció por ser quien demandara a un periodista por daños a la reputación digital. Fernando Villavicencio lo denunció en agosto de 2023 por su supuesta participación para preparar un atentado en su contra.

Mónica Alvarado. Es esposa del exasambleísta Pablo Muentes, reconocido por ser la mano derecha del excalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. La mujer fue demandada junto a su marido por el Banco del Pacífico, debido a una deuda que la pareja contrajo con la entidad financiera por 300.000 dólares.

Reinaldo Cevallos. Es abogado. Laboró como juez de Garantías Penales de Guayas. En 2014 fue investigado por haber encontrado armas de grueso calibre en su vivienda, durante un allanamiento. La situación generó un proceso disciplinario en el Consejo de la Judicatura. En 2021 tenía a su cargo el caso del asesinato del presentador Efraín Ruales y llamó a juicio a siete personas por el crimen.

Alberto Lino Tumbaco. Juez que en 2021 votó a favor de que se ratifique el estado de inocencia de Abdalá (Dalo) y su hermano Michell Bucaram Pulley, Gabriela Pazmiño y otro, por presunta delincuencia organizada para compra de insumos médicos en hospitales del IESS. Participó en un Tribunal que debía decidir sobre la apelación de los sentenciados en el caso Efraín Ruales.

Henry Taylor. El juez fue parte de la Sala Penal del Guayas que revocó la prisión preventiva contra los procesados por delincuencia organizada en la compra de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado del IESS. Se desempeñó como director provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena.

Nelson Ponce. Es juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. La Fiscalía levantó indicios en su oficina y se incautó una laptop, un celular y cuatro dispositivos pendrive. Su nombre trascendió en diciembre de 2022 porque integró el Tribunal donde se anuló la designación de Raúl González, como superintendente de Bancos.

Ruth Solano. Es abogada y se desempeñaba como Procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La ahora procesada representó a la Institución militar en diferentes causas legales.

Fausto A. Funcionario administrativo.

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La fiscal de la nación, Diana Salazar, señaló que en las próximas horas formulará cargos contra los detenidos, quienes han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano atentando los intereses de los ecuatorianos: "Es una demostración de como la corrupción se generaba desde la mas altas esferas de la política legislativa que ponía su servicio la administración de justicia ante el narcotráfico en una de las provincia más influyentes del país: Guayas".

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