Durante la audiencia de formulación de cargos en el caso Purga que se extendió hasta la madrugada de este 5 de marzo, la fiscal Diana Salazar detalló la participación de cada uno de los detenidos en la supuesta trama de delincuencia organizada que vincula al sistema de justicia, un asambleísta socialcristiano y el crimen organizado. Una de las investigadas es la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo.

Entre de las evidencias que Fiscalía tiene dentro del expediente están las conversaciones de WhatsApp contenidas en el teléfono de Mayra Salazar, quien es investigada en el caso Metástasis. Según el Ministerio Público, allí se evidencia, por ejemplo, que la jueza Gallardo hizo un acercamiento con el abogado de alias 'Fito' para buscar beneficiarlo en una causa que buscaba sacarlo de 'La Roca'.

Los indicios recabados por Fiscalía, también encontraron que Mayra Salazar -procesada en el caso Metástasis- recibía $ 2.500 mensuales pagados por la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, para que lleve adelante su campaña para su cargo como presidenta.

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Estos pagos, según las declaraciones de Salazar, se realizaron en la casa del exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes; quien luego habría asumido la cancelación de estos pagos.

Muentes y su esposa se habrían beneficiado de un fallo judicial para obtener una indemnización de casi $ 4 millones del Banco del Pacífico, como resultado de una acción de habeas data, utilizando documentos de pago falsos y adulterados.

La fiscal de la nación mencionó que Mayra Salazar se encargaba también de manejar un "troll center" que beneficiaba a Gallardo, y además fue quien aprendió cómo funcionaba el sistema de sorteo de causas, para poder usarlo a su favor.

Las investigaciones en el caso Purga inició el 20 de febrero del 2024, y se fundamentan en mensajes extraídos del teléfono de Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, así como en un informe de la Policía Nacional. Luego de casi ocho horas de sustentar el caso, en la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar solicitó la prisión preventiva en contra de 11 de los 12 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada. 

Salazar pidió arresto domiciliario para el juez Reinaldo Cevallos Cercado, por tener 65 años.

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