Durante la madrugada de este 24 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) junto a la Policía Nacional ejecutaron un operativo en la provincia de Pichincha como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias en un proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia.

En el caso que ha sido denominado Pantalla, se llevaron a cabo ocho allanamientos por parte de la Unidad Selecta de Transparencia de la Fiscalía de Ecuador y la Policía Nacional, en el marco de las indagaciones sobre el concurso de jueces del año 2023, el cual fue declarado nulo en enero de 2024 por posibles irregularidades.

Los allanamientos se realizaron en diferentes sectores de la provincia de Pichincha, incluyendo Tumbaco, Ciudadela Ibarra, Quitumbe, Conocoto, Rumiñahui y Calderón.

El operativo lo dio a conocer la FGE en su cuenta de X, donde publicó las fotografías de los allanamientos, así como algunos de los indicios recabados durante este operativo.

Durante los allanamientos, se recolectaron varios elementos que podrían servir como indicios en la investigación, entre ellos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentos relevantes para el caso. No hay detenidos reportados hasta el momento de redactar esta nota periodística.

¿QUÉ INVESTIGA EL CASO PANTALLA?

La Fiscalía está investigando la posible participación de exfuncionarios del Consejo de la Judicatura en el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia.

El proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia fue declarado nulo en enero de 2024 por la Judicatura presidida por Álvaro Román Márquez, debido a posibles irregularidades que contravenían los principios de transparencia, publicidad, igualdad, paridad e igualdad.

Durante el desarrollo del concurso, se denunciaron varias irregularidades, como la repetición de pruebas de confianza, el aumento injustificado de puntos a algunos concursantes y la falta de experiencia de miembros de la comisión seleccionadora. 

El informe técnico encontró que cuatro aspirantes presentaron sus carpetas fuera del plazo establecido, el comité calificador de la etapa de méritos carecía de reglas claras, no se estableció un perfil claro para evaluar la prueba de confianza y se convocó a un segundo examen no previsto para algunos aspirantes.

Dos exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, fueron procesados durante el concurso. A pesar de las acusaciones, el concurso continuó, aunque dos de los tres miembros restantes del organismo fueron señalados por posible obstrucción de la justicia: el expresidente Wilman Terán y Xavier Muñoz. Terán también es uno de los 52 sospechosos de presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis.

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