La operación Metástasis ha significado para el país un lavado de ojos. Lo expuesto por la Fiscalía confirma las sospechas, como una muestra de lo que ha sucedido en la justicia.

La particularidad de la estructura de corrupción presentada personalmente por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, es la infiltración del narco en varias instituciones del Estado.

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En el caso en mención está la figura de Leandro Norero, quien ordenó sicariatos, seguimientos y atentados a fiscales, sobornos y envíos de droga a través de su celular, que sirvió para mapear sus pasos. Sin embargo, sus planes quedaron a medias porque fue asesinado en octubre de 2022 en una masacre carcelaria.

Ecuador camina por una senda casi desconocida en la lucha contra las mafias. Para hacer frente a esas estructuras, especialistas refieren los mecanismos que han servido a países como Colombia para cercar a narcos, a sus lugartenientes y a servidores públicos que se prestan para la corrupción: la extradición (actualmente está prohibida para los ciudadanos ecuatorianos), la extinción de dominio y la auditoría de bienes.

“El hecho de que exista o no la extradición, los criminales piensan dos veces antes de cometer ciertas opciones”, señala Renato Rivera Ron, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Con el proceso de extradición, agrega, se abrirían nuevas líneas de investigación que aportarían con nombres, rutas de la droga, negocios fachada para el lavado, entre otros datos claves para carcomer al narco.

En Colombia ha sido un mecanismo poderoso para menguar al crimen organizado, sobre todo al que está ligado con la cocaína. Carlos Lehder, Fabio Ochoa, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela son las cabezas más visibles de los extintos carteles de Medellín y de Cali que fueron enviadas a Estados Unidos, entre el final de los años 80 y en los años 90.

Esa fue la etapa posterior a una cruenta guerra de esos carteles que costó centenares de vidas de colombianos en tiroteos, secuestros y bombazos. Una realidad que se está viviendo en Ecuador desde hace cinco años, pero con más actores criminales que son financiados desde el extranjero.

Al igual que en Colombia, en Ecuador el tema ha agitado el debate público. Como contexto, la extradición de ecuatorianos está prohibida por la Constitución. A inicios de 2023, el Gobierno de Guillermo Lasso intentó reformar ese apartado legal con una consulta popular, pero no obtuvo el apoyo.

No obstante, en el Gobierno de Daniel Noboa hay intenciones de volver a consultar al pueblo sobre ese mecanismo.

El asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, cree que este tema tan importante para el país no debe sortearse por esa vía, porque podría suceder lo que ocurrió con Lasso que no tuvo el apoyo popular -guardando las distancias con el actual presidente- y por la manipulación comunicacional que puede surgir de sectores políticos como el correísmo y afines.

“La propuesta que hemos hecho es reformar el artículo 79 de la Constitución para permitir la extradición de los ecuatorianos en tres tipos de delitos: sexuales, transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y aquellos contra la vida”, explica.

Dicha propuesta de enmienda a la Constitución ya fue presentada al Consejo de Administración Legislativa (CAL). Peñafiel espera sea calificada a más tardar en febrero y enviada a la Presidencia de la Asamblea para que esta la remita a la Corte Constitucional. Esa entidad tendrá que emitir su dictamen. De ser favorable, la propuesta tendrá luz verde para que se trate en una comisión ocasional de enmiendas constitucionales, previo a que la vea el Pleno.

En Colombia también se emprendió la lucha al narcotráfico y a la corrupción del poder político con la incautación y extinción de dominio de bienes.

A criterio de los expertos, la ley vigente sobre ese tema en Ecuador debe reformarse para que se aplique de forma inmediata, es decir, cuando los sujetos son procesados, antes de la sentencia, sin perjuicio de que se revierta el bien si se los declara inocentes; sin embargo, la norma se aprobó sin esa urgencia. También se necesitan jueces con rigor.

Precisamente, el experto colombiano en seguridad ciudadana, Hugo Acero, agrega que el fortalecimiento del sistema judicial es clave para combatir al crimen organizado como sucedió en su país.

“La mejora de la justicia en términos de formación, de mejora salarial, de apoyo en todas las labores de investigación criminal, la seguridad para los operadores de justicia”, enlista el especialista del país vecino.

En esa nación también se han aplicado otras acciones radicales por el alto grado de corrupción, como la eliminación del poderoso Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En el país también hay voces que apuntan a la eliminación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

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