Un correo ofensivo y el retiro de un abogado de la defensa de uno de los 39 procesados en el caso Metástasis que investiga posible delincuencia organizada es lo último que se reporta en el expediente.

La instrucción que recopila indicios de una posible estructura que involucra a jueces, fiscales, policías, funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), abogados y otros sospechosos, en una presunta red de corrupción y narcotráfico, cumplió su primer mes tras la formulación de cargos.

El caso tiene 39 procesados. Entre ellos se encuentran Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien al momento del posible delito era juez de la Corte Nacional de Justicia y el general (sp) Pablo Ramírez, quien estuvo a cargo del SNAI. También le puede interesar: "Caso Metástasis: los chats con Wilman Terán eran mediante el uso de códigos"

El contenido ofensivo habría llegado a la Fiscalía en un correo remitido por Richard John Díaz, abogado de Xavier Jordán, quien fue vinculado al caso a inicios de enero. El profesional habría remitido correos el 3, 6 y 11 de enero de 2024, a las 09:32, 23:44 y 21:19, respectivamente. Pero, habría sido el contenido del 11 de enero el que fue considerado ofensivo por parte de la Fiscalía que dispuso se remita la impresión de mismo al juez Felipe Córdova, quien sustancia el caso. El objetivo es que él conozca los hechos expuestos en el mismo y para que proceda a su devolución.

Pero no fue la única novedad. En el expediente figura un escrito remitido por José Moreno, quien patrocinaba al abogado Christian Romero quien fue también vinculado a la causa de delincuencia organizada. Moreno renunció a seguir defendiendo al sospechoso.

¿La razón? Dice que no existen condiciones de confianza, ni de una debida remuneración de servicios profesionales. Moreno le informó a la Fiscalía que no ha tenido contacto ni con el procesado ni con sus familiares.

El escrito fue puesto en consideración del procesado para que diga si mantiene o no a Moreno como su abogado quien deberá seguir en la defensa hasta ser legalmente reemplazado o desautorizado.

Ayer el movimiento en la Fiscalía General, en el norte de Quito, fue intenso. Una Fiscalía vallada en sus cuatro costados, con un vehículo antimotines en la puerta y fuerte resguardo policial, siguió recibiendo a abogados de procesados y personas convocadas a dar una versión en el caso Metástasis.

Este lunes 15 de enero se cumplió un mes del inicio de la instrucción fiscal por presunta delincuencia organizada.

Entre los convocados estuvieron David Jacho y Roberto Guzmán de la Corte Nacional de Justicia. Hasta el momento el expediente supera los 210 cuerpos procesales entre los que se encuentran los chats que habría mantenido el narcotraficante Leandro Norero con interlocutores como Javier Jordán.

La información que incluye diálogos con otros actores se obtuvo de los celulares con los que el presunto líder de una organización delictiva dedicada, entre otras actividades ilícitas, al narcotráfico habría montado un mecanismo para evadir a la justicia. Para ello habría contado con el apoyo de jueces, fiscales, funcionarios de la Judicatura y del SNAI, abogados y otros.

Al menos 75 allanamientos y diligencias se cumplieron en siete provincias. El operativo no fue sorpresivo pues ya había sido anunciado por el expresidente Rafael Correa en su cuenta de la red social X. Ello llevó a que al menos ocho personas evadan la acción de las autoridades.

Para los próximos días se esperan más versiones. Entre ellas la de los procesados y actores que podrían proporcionar información. La fiscal de Guayas Yanina Villagómez fue citada por segunda ocasión para el 22 de enero a las 14:30.

Mientras que el 24 desde las 09:00 se espera, entre otros, a judiciales de Cotopaxi para que informen sobre el trámite de algunas acciones constitucionales que permitieron a procesados obtener beneficios. Este miércoles, a las 09:00, habrá una pericia del entorno de uno de los procesados y el jueves una pericia informática del software de la Judicatura en Sorteos de Manabí. 

El detalle

Información. La Fiscalía ha solicitado información a entidades bancarias, al Registro Civil, al Seguro Social, entre otras. 

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