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Caso Isspol: se acumulan detenidos por defraudación de Ecuagran y Delcorp
Ayer la policía detuvo a 9 personas por el delito de falsedad de información bursátil. Delcorp y Ecuagran deben por títulos emitidos desde 2017.
Otras nueve personas detenidas. Las acreencias impagas de emisiones de obligaciones y facturas comerciales (títulos bursátiles) por parte de las empresas Delcorp y Ecuagran (en liquidación) motivaron ayer un nuevo operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía.
Según conoció Diario EXPRESO, entre los detenidos se encuentran Denisse Sanabria Andreta, Alejandra Paulsin Tama, Carlos Méndez, John Campusano (contador de Ecuagran) y Jorge Buestán.
Estas dos empresas mantienen impagas facturas comerciales a uno de los inversionistas institucionales más importantes: el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), además del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Corporación Financiera (CFN), fondos de empleados de entidades públicas, aseguradoras.
El delito, como en las otras detenciones, es por falsedad de información en el sistema bursátil, una denuncia que fue puesta por la Superintendencia de Compañías. Estos títulos “han quedado impagos y se han desviado los fondos para los que fueron creados, perjudicando de esta manera a los fondos de inversión del Biess, magisterio, Isspol y otras instituciones”, dice el parte policial.
![Isspol evidencia](https://imagenes.expreso.ec/files/image_348_220/uploads/2021/08/31/612ef37ee1d24.jpeg)
De acuerdo con información a la que accedió Diario EXPRESO, de la quinta y sexta emisión de obligaciones de Delcorp hay un saldo a pagar de 2’415.735 y 14’702.000 dólares, respectivamente. Es decir, el 78 % de la deuda está impaga desde hace un año. Son emisiones de 2018 y 2019. Ecuagran tiene saldos por pagar de las tres últimas obligaciones (2017, 2018, 2019). De 25 millones, debe más de 20,4 millones. De la última, hecha por Citadel, solo pagó $ 176 mil de $ 15 millones.
Fueron nueve los detenidos, en nueve allanamientos, uno de ellos a la empresa auditora SMS. En estos procesos también se investiga la responsabilidad de las calificadoras de riesgo, pero aún no hay detalles de posibles procesos contra quienes autorizaron la sexta emisión de Ecuagran, ni contra quienes le levantaron la intervención para que pueda emitir de nuevo
#AHORA | Caso #Isspol: 9 detenidos dejan allanamientos ejecutados en #Guayaquil, #Durán y #Samborondón. #FiscalíaEc investiga una presunta falsedad de información, que habría perjudicado a instituciones en compra de obligaciones y facturas negociables. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/mmkQXQ6F2P
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 31, 2021
La Dirección Nacional de Investigación de la Policía Judicial, a través de la Policía Judicial Zona 8, bajo la dirección y control de la Fiscalía de Fe Pública N.º 8, “ha venido llevando a efecto las investigaciones previas, con base en las denuncias presentadas por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en contra de la auditora externa SMS, misma que realizó una auditoría externa de los periodos 2017-2018/2018-2019, favoreciendo a las compañías Delcorp y Ecuatoriana de Granos (Ecuagran)”.
Según el parte policial, al desarrollar la auditoría no se tomaron “en cuenta los reales estados financieros que presentaban hasta el momento”. Dicha auditoría externa sirvió como requisito primordial para que pueda ser aprobada por la Superintendencia la sexta emisión de obligaciones a largo plazo de las compañías.
![Isspol SMS](https://imagenes.expreso.ec/files/image_348_220/uploads/2021/08/31/612ef3cd11fda.jpeg)
Los fondos que se recaudaran de la negociación de estos títulos, servirían para pagar pasivos a corto plazo, entre ellos el valor de vencimiento de facturas comerciales negociables, adquiridas por varias instituciones ecuatorianas. Sin embargo, se “desviaron los valores recaudados, perjudicando notablemente a los fondos de pensión del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Banco de la Seguridad Social (Biess), Fondo de Cesantía del Magisterio”.
Todos los títulos impagos tenían calificación de riesgos AA y AA-.