Un problema administrativo - jurídico que se intenta resolver. Esa sería la causa para que los Centros de Atención Integral y Casas Acogidas declaren en riesgo la atención que brindan a mujeres y niños víctimas de la violencia, para este 2022, explicó la secretaria de DDHH, Bernarda Ordoñez.

“Todos los años han existidos estos problemas. Han existido veces que han suscrito convenios en abril o finales de marzo. Y la solución era firmar en esos meses y ponen un clausula retroactiva que dice que el convenio tiene vigencia desde el 1 de enero. Eso jurídicamente es inviable y luego se tenía que firmar un convenio de pago. Eso no es así.”, comentó Ordóñez.

Para este 2022 más de $ 2 millones han sido destinados para las Casas de Acogidas. En febrero se prevé lanzar la convocatoria abierta para elegir a los centros con los que se firmará los contratos para el año en curso. Sin embargo, hasta marzo, mes en que finalizaría este proceso, está garantizado el presupuesto para los centros, sin importar si gana o no el concurso.

La titular de DD.HH. Sostuvo que “Creamos un régimen de transición, tuvimos que reformar normativa interna. Creamos un puente para que no estén en limbo las organizaciones sociales. Desde el 6 de diciembre estamos certificando las partidas y esta semana suscribiéremos los convenios, porque es el único camino jurídico que le va a dar tranquilidad a los centros”.

¿Se incrementarán las Casas de acogida este año y se reducirá el presupuesto para cada una? La secretaria mencionó que se tiene que esperar a la convocatoria y se deben analizar los proyectos que presenten los postulantes. Es decir, sí puede existir para este año más de 21 Centros de Atención Integral y Casas de Acogida. En cuanto al presupuesto, este no es igual para todos, porque depende de la capacidad de atención que disponga.

Bernarda Ordóñez desmintió el cierre de alguna casa de acogida en el país, dijo que “de la información que recibido se ha cerrado ningún centro”.