Una cantera “explota” parte del bosque protector Cerro Blanco

Aún no han recibido los informes de la Unidad de Patrimonio Natural y la Subsecretaría de Calidad Ambiental. Pero sí el de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), al que tuvo acceso EXPRESO. Y este es muy crítico en su análisis.

Tras diez años de plantones y acciones legales infructuosas contra la cantera Evadriana VI, los vecinos de Portal al Sol, en el kilómetro 11,5 de la vía a la costa, han visto cómo las autoridades les dan la razón “por primera vez”. Según Arcom, la empresa está operando en unos “20.000 metros cuadrados” (dos hectáreas) pertenecientes “al bosque protector Cerro Blanco”, un pulmón que da oxígeno a 300.000 porteños.

El pasado 20 de junio, Katty Rugel, presidenta del Directorio de la ciudadela, donde residen 700 familias, interpuso una denuncia ante el Ministerio del Ambiente. El motivo: la “explotación ilegal” que, a su juicio, estaba efectuando la concesionaria en un enclave donde habitan especies tan emblemáticas como el jaguar, el papagayo de Guayaquil, el tigrillo o el mono aullador.

Dos semanas más tarde, técnicos de dicha cartera visitaron las instalaciones, que cubren 28,27 hectáreas, y emitieron un oficio, en el que dejaron constancia de distintas deficiencias. Los analistas detectaron problemas “en cuanto al orden, la limpieza y la correcta disposición de desechos comunes y peligrosos”; hallaron “evidencias” de la quema a cielo abierto de “materiales peligrosos” y de cómo el riego con agua en la vía de acceso, para minimizar las polvaredas, se había efectuado “después” de su llegada.

También advirtieron que el área de talleres no contaba con extintores, que los depósitos de basura no estaban identificados para su correcta clasificación, que en algunos puntos había una “acumulación de llantas usadas” y manchas de aceite, que en la zona de trituración no funcionaba el “dispersor de agua”, que los extintores del polvorín “estaban caducados”...

Los representantes de Evadriana VI, siempre de acuerdo al informe, no entregaron varios documentos como el certificado de la Secretaría del Agua (Senagua), la copia del título minero o el plan de reforestación de los “sectores liquidados”. Respecto a la licencia ambiental, aportaron una copia de la convocatoria y otra de la lista de “asistentes a la socialización”. Del registro de desechos peligrosos, el documento del trámite en curso.

El texto hablaba de una “posible” explotación ilegal dentro de Cerro Blanco, pero no emitía un dictamen definitivo al respecto y hacía un llamamiento a la Arcom, a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Unidad de Patrimonio Natural para que actuaran “de acuerdo a sus competencias”.

Fue la primera de estas tres instituciones la que, el 28 de noviembre, llevó a cabo una nueva inspección. Las conclusiones todavía resultaban más rotundas. “Se procedió a pedir documentación de interés como la licencia ambiental o el permiso de Senagua. No fue mostrada”, indicó el autor del memorando.

Una vez efectuado el recorrido por la concesión, fue “fácil” percatarse de que la actividad de la empresa se extendía más allá del perímetro asignado. Los técnicos utilizaron un GPS, cotejaron las coordenadas con el sistema catastral minero de Guayaquil y comprobaron que estaba actuando en una zona protegida: “En el punto más interno al bosque, era evidente la apertura de frentes de explotación. Aquí se encontraron varias volquetas a la espera de carga de material (cascajo). Según los transportistas, dicho material es cargado y vendido por la administración”.

De modo que en su radiografía eliminaron el adjetivo “posible”, empleado por el Ministerio del Ambiente, aunque tampoco usaron el término “ilegal” ni plantearon sanciones concretas. “En el norte del área, fuera de sus límites, existe explotación minera operada por parte del mismo concesionario”, sentenciaron.

Los especialistas añadieron que Evadriana VI no dispone de un sistema de extracción “técnicamente adecuado”; se refirieron al descubrimiento de “grandes farallones” (uno de ellos de 20 metros), que “ponen en riesgo a los trabajadores y habitantes del sector”; puntualizaron que los terrenos no están bien señalizados; y remataron que “varios” empleados no portaban las mascarillas ni los equipos de protección idóneos.

Además, concluyeron, como ya se habían quejado los vecinos en infinidad de ocasiones, que el ingreso, situado junto a la ciudadela, no se riega “de forma periódica”. Así que existe “gran cantidad de material” en el ambiente, generado no solo por la entrada y salida de volquetas, sino también “por la planta de trituración de roca”, cuyas partículas se depositan sobre los techos de “decenas de casas habitadas”.

“Deben cerrarla hasta solucionar el problema”

Katty Rugel, presidenta de Portal al Sol, y Alvin Cedeño, asesor de la comisión ambiental del Directorio, esperan que el informe de Arcom dé paso a acciones contundentes. Ambos sostienen que el impacto de la cantera afecta a toda la vía a la costa. “No pedimos la clausura definitiva. Pero deben cerrarla hasta que los dueños solucionen el problema y paguen por trabajar en un área protegida. Tenemos a mucha gente enferma, con problemas respiratorios por el polvo”, subraya la presidenta a este Diario.

Por un lado, demandan que se asfalte el acceso a la empresa y que, mientras lo acondicionan, “lo rieguen dos veces al día” en verano y una en invierno.

También solicitan un mayor control del ingreso, que según ellos suele quedarse “abierto” por las noches: “Los ladrones entran a las casas desde ahí. Ya ha habido varios robos”.

Y, por último, exigen seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre las detonaciones. Porque en 2011, el MSP aconsejó realizarlas a profundidades de entre siete y quince metros, así como emplear arcilla para amortiguarlas. “Hay viviendas y canchas cuarteadas. Si el Municipio sabía que la cantera iba a continuar, ¿por qué dio permisos para construir ciudadelas?”, cuestiona Rugel.