La Fiscalía recibió ayer el cuarto pedido de investigación por las supuestas coimas entregadas por la empresa Caminosca a funcionarios públicos.

Esta vez se trata de una denuncia presentada por la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que llevó su séptima investigación a esa instancia.

Los comisionados creen que existen los elementos necesarios para que la Fiscalía investigue a siete funcionarios, entre ellos el vicepresidente Jorge Glas y el exministro de Electricidad y actual asambleísta de PAIS Esteban Albornoz.

Su certeza se basa en la existencia de supuestos pagos ilegales a funcionarios públicos, revelados en la auditoría efectuada a Caminosca. Ayer los comisionados quisieron hablar con el fiscal Carlos Baca, pero el funcionario no los recibió.

En marzo, la Fiscalía ya abrió una investigación previa para determinar el esquema de pago de sobornos revelado por EXPRESO y que involucra al menos a siete funcionarios. El expediente está a cargo de la fiscal Silvia Juma. Un periodista de este Diario fue el primero en rendir su versión voluntaria en ese expediente reservado.

Los comisionados no son los únicos que quieren luces en el caso. El 28 de abril César Montúfar, exasambleísta de La Concertación, pidió al fiscal Wilson Toainga que requiera una copia de la demanda arbitral que Cardno, empresa que compró las acciones de Caminosca en 2014, presentó contra Caminosca y todas las pruebas de los demandantes.

El vicepresidente Glas también mostró interés. A inicios de mayo solicitó al exfiscal Galo Chiriboga que se llame a rendir versión a los principales de Caminosca y a funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). En esa oportunidad Chiriboga recibió a Glas en su despacho y hubo una rueda de prensa conjunta.

Solicitó indagar los movimientos financieros de las compañías que hacían de contraparte de Caminosca, así como asistencias penales para saber si hay personas con activos y cuentas sin declarar.

Se sumó a los pedidos por las supuestas coimas de Caminosca la asambleísta Jeannine Cruz, de CREO-SUMA. El 7 de junio la legisladora requirió a la Fiscalía que se investigue al vicepresidente y al exministro.

El miércoles Albornoz señaló que las copias presentadas por Cruz “están incompletas, faltan seis páginas al inicio y al final termina abruptamente en la página 45”. Aseguró además que en el laudo arbitral no se ha efectuado ningún hallazgo sobre la culpabilidad de ningún funcionario público.

Darwin Seraquive, abogado de Anticorrupción, reiteró que esa no era la tarea del Tribunal de Arbitraje. Insistió en que en la auditoría a Caminosca se estableció el pago ilegal de recursos a funcionarios públicos.

Los sindicatos también tienen los ojos en el tema. El 12 de julio se concentrarán afuera de las fiscalías de todo el país.