Cambio tu rabo de paja por el mio

Si caigo, me llevo a unos cuantos. Velada o directa, la misma amenaza se repite en la Asamblea cada vez que un legislador afronta un proceso que puede desembocar en su destitución. Sofía Espín, Norma Vallejo, Ana Galarza... Cada una en su estilo, salieron a su turno con idéntica advertencia: ¿quieren destituirme? Pues sepan que tengo nombres, tengo pruebas, ya se conocerán. Personas cuya obligación ineludible es denunciar cualquier acto de corrupción del que lleguen a enterarse, prefieren, en lugar de hacerlo, utilizar esa información como un último recurso para salvar su pellejo.

Lo hacen con una naturalidad pasmosa. El martes, en la rueda de prensa que el bloque de CREO ofreció en su respaldo, Ana Galarza se enredó en una serie de confusas explicaciones sobre por qué las denuncias de grave corrupción que en varias entrevistas aseguró tener bien documentadas, deben mantenerse en reserva hasta que llegue el momento indicado. ¿Hasta que se resuelva su caso? Denuncias que implican -lo dijo a una entrevistadora amiga- a una persona cercana al presidente de la República, nada menos; una persona que, según ella, hace negociados y compra periodistas, jueces, asambleístas... Tengo nombres, tengo pruebas, ya se conocerán. A su alrededor, sus compañeros de bloque asentían con aprobación como si esta conducta no incrementara, en lugar de atenuar, los motivos de sospecha.

Ninguna lucha contra la corrupción puede llegar muy lejos cuando las personas llamadas a emprenderla parecen actuar bajo la prioridad de cuidarse las espaldas o cuidárselas a los suyos; cuando las informaciones sobre casos de corrupción se guardan bajo la manga y son usadas como moneda de negociación política. Y eso es lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, donde el pretendido proceso de autodepuración resuelto por el Pleno y cuyo proponente, Fabricio Villamar (CREO), calificó de “doloroso pero necesario”, avanza a paso de tortuga.

Todo empezó, como se recordará, con un tuit de María Mercedes Cuesta en el que se daba cuenta del griterío de trabajadores legislativos a quienes sus jefes asambleístas cobraban un porcentaje de sus sueldos. “¡Ya mismo saltan como canguil en olla!”, vaticinaba la legisladora de Fuerza Ecuador y no se equivocó. El escándalo estaba servido y se llamó “el caso de los diezmos”. Para neutralizar a la opinión pública, el 6 de septiembre, la Asamblea aprobó una resolución en la que exhortaba a los asambleístas que conozcan de casos de corrupción a denunciarlos.

Pero los asambleístas no denuncian. Y no es por falta de casos. Se sabe de al menos 19 que, como los de Ana Galarza, se mantienen en reserva. Hay otros que están a la vista: el pasado 3 de enero, el medio digital La Posta presentó una acusación documentada contra el correísta Esteban Melo, por el delito de chulco. Ha transcurrido un mes desde entonces y nadie en la Asamblea, ¡nadie!, ha dicho media palabra al respecto. Más aún: cinco meses después de que el escándalo de los diezmos obligara a la Asamblea a pronunciarse, ni un solo caso de cobros indebidos ha llegado al Pleno de la Asamblea. Claramente resulta más rentable utilizar esa información como moneda de negociación política. Nadie quiere que un asambleísta destituido arrastre a tres o cuatro más en su caída. No es raro que ayer, luego de que las posiciones en torno al caso Galarza se definieran y la suerte de la legisladora pareciera estar echada, los asambleístas de CREO multiplicaran sus contactos con los correístas.

No hay voluntad política para la depuración. En esta crisis de la Asamblea, que es crisis de valores éticos y democráticos, los bloques legislativos han dejado de guardar hasta las apariencias. Olvidan que no hay restitución posible de valores si los esfuerzos por recuperarlos no están ellos mismos (la sentencia es de Camus) iluminados por valores.