Bus de tres pisos

El Consejo de la Judicatura (CJ), en vez de proceder directamente a calificar uno por uno a los Jueces de la Corte Nacional de Justicia, como le encomendó el Cpccs, resolvió delegar esta atribución - que por principio es indelegable- e integrar dos organismos ‘ad hoc’: un Comité de Expertos integrado por 6 catedráticos y una Comisión de Evaluación de 13 abogados sugeridos por universidades, especializados en las seis materias que resuelve la Corte y que dan nombre a sus salas. Además, han sido designados 5 veedores. Este escrito no cuestiona a los designados sino al procedimiento.

¿Los veedores, expertos y evaluadores también prestarán servicios en los concursos que sobrevengan para elegir a los nuevos jueces que sustituyan a los que sean destituidos o separados? ¿Para qué tanta gente? Presumiendo que los expertos revisarán algunas sentencias firmadas por cada juez para establecer si cumplieron con hacer lo que mandan las leyes, ¿los evaluadores cumplirán una tarea distinta, como averiguar cuántas sentencias emitió cada uno por año, cuántas veces se excusaron o fueron recusados? Conviene precisar la función de unos y otros.

El Comité y la Comisión no serán autónomos. Los veedores, que tienen más mérito, debieran coadyuvar con sus recomendaciones: mirar, releer, no solo ver. Son datos de prensa: Expertos y Evaluadores solo “aplicarán la metodología, instrumentos y criterios” aprobados por el pleno del CJ, que ya dictó un reglamento. Según la Constitución Política, compete al CJ “dirigir los procesos de selección de jueces... así como su evaluación”. Siendo su única función, ellos mismos debieran ser “expertos”. ¿Por qué se recurre a otros 13 evaluadores? Es porque si para calificar a un juez debiera leerse todas sus sentencias durante años, el Consejo se ha impuesto una tarea inmensa y lenta que retrasará más el advenimiento de la justicia integral que Ecuador reclama hace tiempo (sin perjuicio de reconocer a una minoría luminosa de jueces honestos)

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Lo pragmático, suficiente e imperativo es invitar a la ciudadanía, y a los abogados en especial, a presentar su denuncia contra una sala, juez o conjuez, en un término improrrogable. Otro referente sería revisar cómo fue elegido cada uno, si su elección fue legítima. Uno o dos datos significativos son suficientes. No se busca descalificar a un juez sabio sino identificar a jueces políticos o perversos que fueron instrumento del dictador. Simplificar el trámite es la consigna, so pena de tardar años transitando entre montañas, sin horizonte, en un bus de tres pisos.

Jaime Damerval