Antes de las 06:00 en la Brigada de Fuerzas Especiales Patria de Latacunga en Cotopaxi todo estaba listo para la reconstrucción de los hechos por tres muertes ocurridas el 30 de septiembre de 2010, convocada por la Fiscalía.

Una treintena de automotores se dispuso en varias áreas del reparto militar. Vehículos tácticos y administrativos, una ambulancia, estuvieron dispuestos para la diligencia. Además, más de 40 militares mencionados en el impulso de la fiscal Claudia Romero el pasado 4 de enero de 2021.

La funcionaria investiga los asesinatos de dos militares y un policía: Darwin Panchi, Jacinto Cortés y Froilán Jiménez, ocurridos el día de la revuelta policial.

La diligencia, sin embargo ya había sido suspendida por la funcionaria cerca de las 17:00 del jueves 7 de enero argumentando falta de colaboración de parte del Ministerio de Defensa y de la Brigada Patria. Esas entidades justificaban la necesidad de tiempo para cumplir con la logística requerida, que sus aeronaves se encontraban en patrullaje en la frontera norte y que había que pedir autorización al Ministerio de Defensa para la utilización de los vehículos.

Pero, los oficios a los militares convocados ya habían sido cursados a distintos repartos del país. Unos llegaron desde Ibarra con la disposición de presentarse a la diligencia. Madrugaron, tuvieron inconvenientes con sus vehículos particulares pero se acercaron hasta el patio de ceremonias de la Brigada. Para muchos presentar su versión ante la Fiscalía ya no era novedad, lo habían hecho ya en ocasiones anteriores. Es que no es la primera vez que se intentó hacer una reconstrucción. En la Brigada recuerdan que hace aproximadamente dos años el exfiscal Fabián Salazar ya lo hizo. Eran otros investigados y el caso se anuló.

Los sospechosos de ahora son altos oficiales que cumplieron funciones directivas en varias unidades que participaron en la operación de evacuación del expresidente Rafael Correa. El exmandatario se había atrincherado en el hospital de la Policía tras presentarse en la protesta policial que rechazaba la ley de servicio público. Iba a ser al menos la cuarta reconstrucción.

Washington Buñay, comandante del Ejército estuvo en el reparto militar para evidenciar que cumplieron con el pedido de la Fiscalía, que el personal militar solicitado había acudido y que se dispuso de la logística que se ocupó el 30S. Hasta el helipuerto se habilitó a pesar de que la aeronave pedida físicamente no podía estar. 

El comandante reiteró que se hizo un gran esfuerzo para reunir al personal y garantizó el compromiso institucional para ayudar con la logística.

Wilson Velástegui defiende a Luis Castro. Dice que en 10 años el caso ha pasado de ejecución extrajudicial a homicidio a asesinato y delito de lesa humanidad y nuevamente a asesinato con violación de derechos humanos. En 10 años de investigación la Fiscalía no ha encontrado a los autores del asesinato de dos militares y un policía, menciona. Insiste que "la Fiscalía y la Policía se han encargado de encubrir a los verdaderos autores de las muertes de dichas personas" porque más de 90 % de peritos son policías.

Lamentó la suspensión de la diligencia y que no se haya fijado una nueva fecha cuando faltan casi 15 días para que concluya la investigación.

En la operación militar comandada por Luis Castro participaron más de 700 uniformados. De los convocados una treintena ya está fuera de las filas.