Eco. La Cámara de Diputados en Brasilia el pasado martes, cuando “se vació” tras la difusión de la lista negra.

Brasil, pegado a la TV por el caso Odebrecht

En los vídeos emitidos, los delatores revelan a una casta política corrupta. La Fiscalía sitúa a Temer como el “eje de una trama”

En los últimos días, los brasileños viven enganchados a una hipnotizante nueva versión de telerrealidad: los vídeos divulgados por el Supremo Tribunal Federal (STF), y emitidos casi sin interrupción, de poderosos exejecutivos encarcelados acusando de corrupción al presidente Michel Temer y a casi todos los políticos relevantes del país.

Por encima de las tórridas telenovelas y del BBB, como se conoce al Gran Hermano en Brasil, un drama mucho más grande y serio domina ahora la TV. Los testimonios de los 78 exempleados de la constructora Odebrecht que accedieron a colaborar con la justicia son el relato de una casta política corrompida de derecha a izquierda, que acudía a la empresa a pedir dinero para financiar sus fastuosas campañas electorales o simplemente para metérselo en el bolsillo. A cambio, Odebrecht conseguía leyes y concursos públicos a su medida.

Las revelaciones constituyen un nuevo mazazo para la imagen del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marcelo Odebrecht, el preso expresidente de la constructora, relata que la compañía llegó a reservar un fondo de 40 millones de reales ($ 12,7 millones) para atender las peticiones de Lula y de su fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT). Además de financiación para sus campañas, Lula es acusado de pedir favores para él, para sus hijos y para sus hermanos. El expresidente no solo otorgaba a Odebrecht un trato favorable en Brasil, sino que hacía gestiones para la constructora ante gobiernos de países extranjeros, de Venezuela a Angola.

De las relaciones de Lula con Odebrecht ya se conocían detalles, porque el expresidente tiene otros cinco procesos judiciales abiertos. Pero entre todos los documentos divulgados el miércoles hay también material inflamable contra Michel Temer, que llegó a la presidencia el pasado septiembre gracias al impeachment contra Dilma Rousseff. Un informe del fiscal general de la República, Rodrigo Janot, sitúa a Temer como el cerebro de una trama de captación de recursos ilegales cuando era vicepresidente de la República y jefe del PMDB en la Cámara de Diputados.

Temer “capitaneaba un núcleo político organizado”, en palabras del fiscal, junto a dos personas de su círculo de mayor confianza, los actuales ministros de la Casa Civil, Eliseu Padilha, y de la Secretaría General de la Presidencia, Wellington Moreira Franco. Padilha era el encargado de “centralizar las recaudaciones financieras” procedentes de Odebrecht, ante la que actuaba “en nombre de Temer y del PMDB”, según concluye el fiscal tras escuchar las declaraciones de seis de los delatores.

El informe del fiscal detalla al menos dos pagos ilegales, ambos en 2014. El primero, de cuatro millones de reales (1,2 millones de euros), fue reclamado por Moreira, entonces ministro de Aviación Civil, tras favorecer a Odebrecht en concursos públicos para la explotación de los aeropuertos de Río de Janeiro y Belo Horizonte. El segundo, según los exdirectivos de la constructora, se pactó en una reunión con Temer en el palacio de Jaburu, residencia oficial del vicepresidente. Uno de los delatores describe la escena, el 28 de mayo de 2014, en el balcón del palacio, antes de cenar. Allí, Marcelo Odebrecht, según ese testimonio, se comprometió a entregar al PMDB 10 millones de reales.

El fiscal Janot encontró motivos más que suficientes para incluir a Temer en la lista de los más de 100 políticos que envió al STF para ser investigados. Pero, según explica, renunció porque la Constitución brasileña prohíbe juzgar a un presidente por “acciones ajenas al ejercicio de su función”. Janot, con todo, subraya que se trata de una “inmunidad temporal”, mientras Temer sea presidente, y que solo desiste de actuar contra él “por ahora”.

Estadios, en la mira por sobreprecios

Al menos seis estadios de fútbol en los que se jugaron partidos de la Copa del Mundo Brasil 2014, incluido el Maracaná, están siendo investigados en medio de una nueva ola de pesquisas por corrupción política que inició esta semana el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Testimonios de exejecutivos de Odebrecht mencionaron irregularidades en el Corinthians Arena de Sao Paulo, el Estadio Nacional de Brasilia, el Pernambuco Arena en Recife, el Castelao Arena en Fortaleza y el Amazonia Arena en Manaos, además del Maracaná en Río de Janeiro. La evidencia de que constructores y políticos colaboraron para arreglar contratos refuerza la sospecha de que muchos de los 12 estadios construidos o renovados para el Mundial de Brasil fueron objeto de sobreprecios.

La remodelación del Maracaná, por ejemplo, estaba prevista en 700 millones de reales ($ 225 millones), pero finalmente superó los 1.000 millones de reales.