Tras las recientes publicaciones de EXPRESO sobre las compras que realizó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en pandemia y la contratación del servicio de videovigilancia para sus cuarteles, este Diario recibió dos comunicaciones de esa institución para aclarar varios puntos de los reportajes.

Los documentos fueron entregados por Martín Cucalón, primer jefe de esa entidad de socorro, quien ocupa ese cargo desde el 2007.

En las tres primeras páginas del documento del 8 de agosto pasado, Cucalón insiste en sus argumentos sobre las dificultades que tuvieron para adquirir los insumos médicos en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, tal como lo recogió este Diario en el párrafo 3 del artículo “Bomberos de Guayaquil pagaron hasta 594 % más, en pandemia”.

Así lo recalca en la misiva: “Fue un hecho notorio y público, el desabastecimiento y la especulación de precios en el mercado de los insumos y medicinas durante los meses de marzo y abril de 2020. Los proveedores no contaban con los productos en stock (...)”.

El bombero agrega: “Esta benemérita entidad en ningún caso podía paralizar el servicio que presta en favor de la ciudadanía, de modo que la adquisición de equipamiento e insumos de protección para nuestro personal era una situación prioritaria”.

Por ello, Cucalón dice que a la administración del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil “le correspondía responder con la adopción de decisiones oportunas y efectivas, como en efecto lo hizo”.

Como parte de la justificación de dichas compras -que fueron observadas por parte de la Contraloría-, en la comunicación se menciona el criterio del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop) ante una consulta formulada en febrero del 2022. “En conclusión, este Servicio, en atención a su inquietud, considera que no es posible determinar que un proceso de contratación pública se realiza por un ‘evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado’, en virtud de que no existe un precio mínimo o máximo de ganancia establecido”, se lee en la página 3 de la comunicación.

La defensa de las adquisiciones de esos insumos por parte de funcionarios de los Bomberos de Guayaquil también consta en el reportaje publicado el 7 de agosto pasado, como parte de la contrastación que hizo EXPRESO. En siete de los 24 párrafos de la nota hay explicaciones de la institución local aludida.

La institución defiende la compra de 25 ambulancias

En la nota titulada ‘Proveedores de bomberos, en el radar de la justicia española’, del 8 de agosto, se recogen los casos que han involucrado a dos contratistas de esa nacionalidad: Iturri vendió camiones y equipos de protección, y Rodríguez López Auto surtió ambulancias. Esta información fue hallada en una búsqueda de datos en fuentes digitales abiertas.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil menciona que en ninguna parte de la ley se determina la obligatoriedad de investigar los antecedentes penales de los oferentes.

“Basta con que el proveedor me demuestre la existencia legal de su compañía y que su actividad económica sea afín al objeto de la contratación”, se lee en la carta, que también destaca que sin las ambulancias hubiese sido casi imposible cubrir la alta demanda de pacientes en la pandemia.

En la documentación que presentaron los bomberos sobre la empresa Rodríguez López Auto constan papeles de la administración de Justicia de España, donde se lee que se decreta un sobreseimiento provisional.

Esa firma fue investigada por la justicia española desde 2015, en un caso de adquisición de ambulancias que habrían presentado problemas de exceso de peso y homologaciones falseadas que representaban un potencial riesgo para operarios y pacientes, según datos de reportes policiales recogidos por El País y el Diario.es.

Los bomberos de Guayaquil también destacan la capacidad empresarial de los proveedores, como el caso de Iturri, contratista de otras entidades nacionales. 

Respuestas. El jefe de los bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón, atendió una entrevista el 21 de junio.

“La ley no establecía que se revisen vinculaciones”

El 8 de agosto pasado, EXPRESO publicó el artículo ‘Los Chilán y su socio ganaron subastas poco competitivas’, en el que se detalló cómo en dos procesos de contratación, de $2,6 millones en total, bajo la modalidad de subasta, participaron tres empresas con algún tipo de vinculación entre sí. En el primer concurso pujaron dos compañías, cada una con un miembro de una misma familia.

En la carta enviada por los bomberos de Guayaquil se enfatiza que a la fecha de las contrataciones “ni la Ley de Contratación Pública ni el Reglamento establecían la obligación de revisar la existencia de posibles vinculaciones entre proveedores dentro de los procesos de contratación pública, situación que constituye una obligación a partir de la expedición de la Ley Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción publicada el 17 de febrero de 2021”.

Sin embargo, el análisis de este Diario hace referencia al requisito que la ley establece para los proveedores participantes sobre la presentación de una carta de compromiso en la que aseguran que no tienen vínculos abiertos u ocultos con el resto de participantes. EXPRESO tuvo acceso al documento que entregó la empresa Viteseguridad Cia. Ltda.

El reportaje también presentó la posición de los funcionarios de esa entidad. “Luz de la Torre y Vanessa Ochoa, coordinadora en Compras Públicas y coordinadora Legal, en ese orden, dicen que desconocían esas relaciones y que la ley de entonces no los obligaba a revisar posibles vinculaciones”, se lee en la publicación.

Se insiste en que “la institución bomberil cumplió con todas las obligaciones legales vigentes en el momento de la contratación, sin que, por un elemental sentido de seguridad jurídica, puedan ser exigibles aquellas publicadas con posterioridad a la misma”. Este Diario dio detalles sobre contratos y la relación entre hermanos