A inicios de marzo del 2026 se anunció el ataque a un supuesto centro de entrenamiento de grupos armados en la Amazonía,
A inicios de marzo del 2026 se anunció el ataque a un supuesto centro de entrenamiento de grupos armados en la Amazonía.Cortesía/ The New York Times

Bombardeo Sucumbíos: asambleísta de RC cuestiona "evasiva" de Defensa

El Ministerio de Defensa declaró reservada la mayor parte de la información sobre el operativo militar en Sucumbíos

El asambleísta Comps Córdova Díaz, representante de la provincia de Sucumbíos por la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, cuestionó públicamente la respuesta del Ministerio de Defensa sobre el bombardeo ejecutado en el sector de San Martín, durante los operativos militares realizados la semana del 6 de marzo.

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Según el legislador, la contestación oficial enviada por la cartera de Estado no aclara los hechos ni permite ejercer control político, sino que se limita a declarar como reservada la mayor parte de la información solicitada, amparándose en argumentos de seguridad del Estado. Para Córdova, esta postura constituye una evasión que impide conocer qué ocurrió realmente en territorio fronterizo.

¿Qué pidió Córdova a Defensa en el oficio?

  • Legalidad del operativo
  • La existencia del supuesto campamento atacado
  • La posible presencia de víctimas civiles
  • El uso de protocolos de derechos humanos
  • La eventual participación de fuerzas extranjeras

Uno de los puntos que Córdova considera más sensibles es la confirmación, en el oficio ministerial, de una operación conjunta con Estados Unidos. Aunque el Ministerio sostiene que la soberanía nacional no fue vulnerada y que el mando operativo fue ecuatoriano, el legislador señaló que no se entregó información sobre los acuerdos o mecanismos que sustentan esa cooperación, lo que, a su criterio, deja en el aire el alcance real de la participación extranjera.

También cuestionó que la institución haya asegurado que no hubo víctimas y que la operación se ejecutó conforme a la ley, sin adjuntar informes técnicos, pericias independientes o evidencia verificable que respalde esas afirmaciones. Para el asambleísta, se trata de declaraciones que buscan cerrar el debate sin permitir un análisis exhaustivo de un hecho que involucra el uso de la fuerza militar.

Destrucción. Imagen de cómo quedó la propiedad que, según el Gobierno, era usada por grupos ilegales.
Destrucción. Imagen de cómo quedó la propiedad que, según el Gobierno, era usada por grupos ilegales.Foto: Cortesía Ministerio de Defensa

Córdova sostuvo que la respuesta del Ministerio desconoce el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional y afecta el derecho ciudadano a recibir información sobre operativos militares que se desarrollan dentro del país, especialmente en zonas sensibles de la frontera norte. En su pronunciamiento, insistió en que la seguridad no puede convertirse en un argumento para el secretismo absoluto, menos aún cuando existen dudas sobre posibles afectaciones a civiles.

El legislador adelantó que continuará impulsando acciones de control y exigió que se transparenten los detalles del bombardeo en San Martín. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa mantiene su postura de reserva sobre la mayoría de aspectos del operativo, lo que ha profundizado el debate político en torno al uso de la fuerza, la cooperación internacional y los límites de la confidencialidad en materia de seguridad nacional.

La respuesta del Ministerio de Defensa

En el oficio Nro. MDN-MDN-2026-0708-OF, firmado en Quito el 2 de abril de 2026, la cartera de Estado señala que los requerimientos relacionados con operaciones militares, inteligencia, contrainteligencia, análisis estratégico, cooperación internacional y procedimientos operativos están protegidos por la Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), al tratarse de información clasificada.

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Según el documento, difundir este tipo de datos podría comprometer operaciones militares en curso o futuras, así como afectar la defensa nacional y el orden público. Por ese motivo, el Ministerio indica que no puede entregar detalles sobre varios de los aspectos solicitados en el marco del control político.

Resultados del operativo

Sobre los resultados del bombardeo, el Ministerio de Defensa afirma que no se registraron víctimas civiles y que la operación se ejecutó de acuerdo con la ley, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El documento señala que el objetivo fue desarticular un Grupo Armado Organizado vinculado a disidencias colombianas, cuyos integrantes presuntamente utilizaban el sector como base logística, con actividades como suministro de alimentos y municiones. No obstante, la respuesta no incluye informes técnicos, pericias independientes ni evidencia documental verificable que respalde estas afirmaciones, más allá del pronunciamiento institucional.

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