Asamblea Constituyente, mandato 13: la incautación de bienes a los exdueños de Filanbanco “no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial y si de hecho se hubiere interpuesto será inmediatamente archivada, sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución. Los jueces o magistrados que avocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución... deberán inadmitirlas, bajo pena de destitución, y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar” (art. 2).

Respaldaron el mandato 13 asambleístas como Alberto Acosta, Diego Borja, Betty Amores, César Rodríguez (alejados hoy del régimen); y otros que siguen siendo parte, como Galo Borja, proponente del mandato, y Mauro Andino (acta 080 de la AC).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “...Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley... para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil” (art. 14, 1).

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 3 de junio de 2016 (párrafo 7.4): “...la emisión del Mandato Constituyente n° 13... violó el derecho de los autores bajo el artículo 14 (1) del Pacto, a un proceso con las debidas garantías en la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.

“...el [Ecuador] tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo. En cumplimiento de esta obligación... debe dar plena reparación... En consecuencia... debe asegurar que los procesos civiles pertinentes cumplan con las garantías en conformidad con el artículo 14 (1) del Pacto y el presente dictamen” (Comité, párrafo 9).

Síntesis: el Comité no dijo si las incautaciones fueron o no legales, sino lo obvio: que la babosada llamada mandato 13 violó el derecho a impugnarlas, y que el Ecuador debe restablecerlo, garantizando un juicio imparcial, al que todos (en teoría) tenemos derecho.

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