Ser autoridad o aspirar a serlo en Ecuador no garantiza estar a salvo. En menos de un año y medio se asesinó a dos alcaldes, cuatro concejales y dos presidentes de juntas parroquiales. A estas autoridades electas por voto popular se suma el crimen de dos aspirantes municipales, lo que ha reflejado la vulnerabilidad de las autoridades en sus territorios.

Según la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) existen 45 gobernantes locales que han pedido al Ministerio del Interior protección según el perfil de riesgo en el que se desenvuelven, pero la mayoría de casos no reciben aprobación.

“A muchos de ellos no se les ha respondido, a pesar de estar expuestos a sufrir un atentado. Y desde que fueron posesionados tenemos una docena de ataques armados registrados”, enfatizó el director ejecutivo de la AME, Homero Castanier.

El funcionario no reveló el número de gobernantes que cuentan con custodia pública, privada o mixta por motivos de seguridad, pero instó al Gobierno Nacional a que priorice el tema, porque su labor también se encarga de la recuperación del tejido social y de los espacios públicos.

De su lado, Patricio Maldonado, presidente de los alcaldes del país, instó a que por lo menos se empiece a trabajar en la protección de los burgomaestres de “los cantones con alta conflictividad”.

En mayo de 2023, tras el intento de asesinato al alcalde de Durán, Luis Chonillo, el presidente Guillermo Lasso ordenó al Ministerio del Interior que se encargue protección a las autoridades locales.

Diario EXPRESO consultó a la ministra de Gobierno y encargada del Ministerio del Interior, Mónica Palencia, sobre la dotación de seguridad a los gobernantes y si se va a definir una estrategia adicional para garantizar la integridad de las autoridades, pero hasta el cierre de esta edición no dio contestación.

Por lo pronto se conoce que este 26 de marzo, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) se reunirá en la capital a tratar el tema.

Aparte de las autoridades locales y de los aspirantes a ese tipo de cargos, está el fallecimiento de Fernando Villavicencio, que buscaba la Presidencia de la República, y de Rider Sánchez, que corría por una curul legislativa.

La Policía Nacional no tiene el número total de autoridades asesinadas en Ecuador. La institución indicó que ellos realizan una contabilidad “de forma general” de los casos dados en el país. De tal modo, puntualizó que desde el 1 de enero hasta el 24 de marzo pasado hubo 1.188 muertes violentas.

Mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad encargada de garantizar la democracia en el país, respondió a este medio de comunicación que tampoco tiene una cifra de candidatos y/o mandatarios locales y nacionales fallecidos en ataques. Afirmó que no es su competencia.

El experto en seguridad pública y defensa nacional Diego Pérez enfatiza que este tipo de respuestas y la carencia de cifras “revelan” la realidad nacional y no lo que se pretende mostrar con el denominado Plan Fénix.

“Hay una dificultad estructural que atraviesa a todo el Estado. No es solo lo que se comunica de forma oficial. La evidencia está en la pobre capacidad de respuesta ante los hechos y falta de prevención” resaltó el experto.

Además, sostiene que más allá de la vulnerabilidad de la seguridad de las autoridades, se muestra una clara metodología o la operación de los grupos criminales para infundir el temor en la población afectado la vida de las personas. Entonces "¿Cuáles son espacios de protección que se pueden brindar a estas personas? por parte del Estado" cuestionó Pérez. 

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