Cerca del mediodía de este miércoles 28 de septiembre de 2022, la fiscal que investiga el femicidio de la abogada María Belén Bernal, solicitó que se convoque a una audiencia para que se disponga como medida cautelar, a la Comandancia de la Policía y a la Presidencia que a través de todos sus órganos administrativos y políticos, se abstengan de realizar derrocamientos y modificaciones del lugar de los hechos ubicados en la Escuela Superior de Policía.

El pedido se realizó en un impulso dentro de la instrucción fiscal que investiga la muerte de la abogada de 34 años atribuida a su esposo el teniente fugado Germán Cáceres. La fiscal describió que el inmueble de  cuatro plantas de construcción de hormigón, con fachada color blanco y techo de zinc, asignado para dormitorio de oficiales instructores y requirió que se ponga esta edificación a disposición de Fiscalía mientras dure la instrucción fiscal.

El lunes pasado el presidente Guillermo Lasso encabezó un acto simbólico de clausura del edificio y anunció su demilición cuando las investigaciones concluyan. En ese lugar, en el cuarto piso, estuvo la abogada Bernal en los momentos previos a su asesinato ocasionado por asfixia por sofocación el pasado 11 de septiembre. Sus restos fueron encontrados en una zanja el pasado jueves 22 de septiembre a pocos kilómetros de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo.

La fiscal recordó que el artículo 444 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)  establece que es atribución del fiscal “solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares y de protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el restablecimiento del derecho". Mencionó que igualmente podrá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas cuando estime que la investigación practicada ha permitido desvanecer los indicios que las motivaron. Citó además que el artículo 519 del COIP señala que las medidas cautelares tienen como finalidad evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que desaparezcan elementos de convicción. 

Además dijo que el numeral 3 del artículo 69 del COIP no permite la destrucción de bienes cuando estos pertenecen a una tercera persona que no es responsable de la infracción, como es el caso de la Policía, como persona jurídica de derecho público. Adicionalmente mencionó que el bien, al estar involucrado en un delito de acción pública, está a disposición de las órdenes jurisdiccionales que se emitan dentro del proceso y sin posibilidad de disponer libremente del mismo, sino hasta que se cuente con resoluciones condenatorias ejecutoriadas en las que se defina la situación jurídica de los bienes.

En este caso, el exministro Patricio Carrillo solicitó a los generales y coroneles de la Policía la presentación de la disponibilidad de sus cargos. La semana próxima se definirá los oficiales que siguen en las filas y los que deben pasar a retiro. Al comandante de la Policía el presidente Lasso le dio hasta esta semana para que presente resultados sobre la búsqueda de Cáceres.