Un nuevo crimen que sacude al país. La madrugada del 24 de marzo de 2024, la alcaldesa  de San Vicente, Brigitte García, fue hallado sin vida junto al director de Comunicación de su Municipio, Jairo Loor Meza, en el sector de Punta Napo, del cantón manabita.

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Este nuevo hecho violento en contra de una autoridad, que además se registró durante la vigencia de un estado de excepción y declaratoria de conflicto armado interno, volvió a centrar los cuestionamientos a la eficacia, e incluso la existencia, de la estrategia de seguridad del régimen, denominado plan Fénix.

De hecho, para Daniel Pontón, experto en seguridad y docente universitario, el asesinato de Briggite García, la alcaldesa más joven de Ecuador, solo ratifica una tesis que viene sosteniendo desde hace tiempo: “El plan de seguridad (denominado Fénix) nunca se lo plasmo en nada concreto”.

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Según comenta, las acciones del gobierno de Daniel Noboa en materia de seguridad, hasta el momento, se han encaminado en la misma dirección que otros mandatarios. Con la excepción que el concepto de guerra interna sí logró un efecto disuasivo en los grupos criminales, pero que solo sería a corto plazo.

“Hay una dinámica criminal que funciona de distintas maneras y las cifras muestran que los delitos van creciendo otra vez”, acota y sostiene que, aunque la guerra interna frenó los actos terroristas y el caos en las cárceles del país, al Gobierno aún le falta definir qué es y hacia dónde va su estrategia de seguridad.

Este Diario intentó comunicarse con la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, para consultar las acciones previstas en el plan Fénix para evitar estos casos de crímenes contra autoridades; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hay respuesta de la funcionaria de Estado.

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Sin embargo, a través de un comunicado publicado en redes sociales, el Gobierno condenó el asesinato de la joven alcaldesa y adelantó que está trabajando con la Fiscalía General del Estado y ha dispuesto a la Policía Nacional que realicen las acciones que “garanticen inmediatez en la investigación” para dar con los autores del crimen.

Diego Pérez, experto en seguridad de Estado, por su parte, señala que este nuevo crimen debe motivar una reflexión: “Hay que dar un pasito hacia atrás y preguntarse qué es el plan Fénix y dónde está. Se ha utilizado esa etiqueta que responde más a acciones tácticas antes que a una planificación más política estratégica”.

Al igual que Pontón, Pérez sostiene que las acciones del Gobierno generaron un alivio al principio, pero que tanto el asesinato de la alcaldesa de San Vicente como otros crímenes que se ha recrudecido en las últimas semanas, “aportan a cuestionarse sobre la existencia del plan, sobre su naturaleza, y, en el fondo, sobre el gran problema estructural de inseguridad que Ecuador sigue enfrentando”.

Además, hace hincapié en que sus observaciones y las de Pontón no implican que el régimen diga dónde, cómo o cuándo se harán operativos, sino que haya claridad sobre la política pública de seguridad: “El plan puede ser secreto en sus elementos tácticos y operativos. Sería absurdo pedir esos detalles, pero sí se pide que esto sea como cualquier política pública de conocimiento público, sujeta al cuestionamiento de la población, de expertos”.

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