Asambleista acude a la via administrativa, contra la corrupcion

Hay que pasar del discurso a la práctica en la lucha contra la corrupción, dijo Fabricio Villamar, legislador de CREO-SUMA. Por eso, ayer, presentó ante la Superintendencia de Control de Poder y Mercado una solicitud de investigación contra la constructora brasileña, Odebrecht.

Según él, las prácticas de la empresa demuestran una estructura corrupta que genera incentivos ilegales para los agentes económicos. “Es más efectivo tejer redes corruptas, pagar sobornos, corromper a funcionarios que lograr productividad o innovación”, dijo.

Según el legislador, su pedido cae en el ámbito administrativo, no debe intervenir, dijo, la Fiscalía ni hay necesidad de un juicio político. Tampoco de un dictamen.

“Aquí se verá si, realmente, el Gobierno quiere combatir la corrupción como dice”, añadió.

El procedimiento de investigación no es difícil: el superintendente deberá convocar a los agentes económicos, a la empresa y a los afectados, explicó el legislador. “Veamos si estas entidades especialmente creadas para combatir la corrupción sirven de algo en la práctica”, recalcó.

Sin embargo, no es muy optimista del resultado de esa investigación ni del cobro de la posible sanción. “El superintendente, Pedro Páez, fue muy amable. Respondió que no tenían recursos para emprender esa investigación ni contaban con las capacidades”, contó a su salida.

La Superintendencia, sin embargo, aclaró que hace varias semanas investiga el caso Odebrecht y ha convocado a varios funcionarios públicos y privados para que informen sobre el tema, según un boletín de la entidad.

¿Qué sanción busca el legislador? Según la Ley de Regulación y Control de Mercado, esa entidad puede imponer sanciones económicas por acciones deliberadas o por negligencia. El monto bordearía, según sus datos, 197’000.000 de dólares que corresponden al 12 % del total de negocios de Odebrecht.