La Asamblea volvio a clases

Terminaron las vacaciones legislativas y en el salón del Pleno hubo ambiente de vuelta a clases: todos los asambleístas llegaron cargados de buenas intenciones y energías renovadas. De inmediato empezarán a evacuar los temas de la apretada agenda que tienen por delante: hoy por la tarde se conocerá el informe para primer debate de la nueva Ley de Comunicación; luego, el informe preliminar de la Comisión Ocasional para investigar el caso Gabela; y Fiscalización conocerá el pedido de juicio político contra el exministro de Finanzas Carlos de la Torre. Mientras tanto, la sesión de ayer se agotó en debates atrasados, nombramientos pendientes (ver fotohistoria) y asuntos de comisaría.

Pero en los pasillos la comidilla era una sola: el pedido de Fabricio Villamar (CREO) para que Contraloría audite las transferencias bancarias en beneficio de los propios legisladores, algunos de los cuales han venido cobrando, a sus propios asesores y personal de apoyo, un porcentaje de sus sueldos. Lo llaman “impuesto al trabajo” y es “un secreto a voces”, según había dicho Villamar. “Un secreto a voces”, repitió ayer Eliseo Azuero ante las cámaras de televisión, y aseguró que semejante práctica fue instaurada por el correísmo, que cobraba a los servidores públicos el 10 por ciento de sus salarios. El oficialista Lenin Plaza admitió que sí: “he escuchado pero no tengo pruebas”. Lo cierto es que el “secreto a voces”, que lo es desde los tiempos de la legislatura de Fernando Cordero, se hizo público gracias a un tuit de Mercedes Cuesta. Ahora es una bochornosa telenovela de pronóstico reservado. Villamar, el hombre más esperado de la jornada, no llegó (había viajado a Washington) y dejó el desenlace para un próximo capítulo que se desarrollará, seguramente, en la plenaria del jueves.

Ya en la sesión, la atención se centró en los pedidos de cambio del orden del día. Ana Galarza (CREO) con una serenidad que no se correspondía con el tema de su discurso, propuso todo un proyecto de demolición simbólica. Se trata de retirar tres condecoraciones otorgadas por las legislaturas correístas en los tiempos en que aquí condecoraban a cualquiera: la del expresidente de la Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, hoy en prisión domiciliaria; la del excontralor Carlos Pólit, hoy prófugo de la justicia, y la de la expresidenta argentina Cristina Fernández, hoy (como siempre) en medio de un escándalo de corrupción. La mayoría de los correístas se ausentó para votar pero la propuesta pasó con 82 apoyos. El tema quedó para otro día pero todo parece indicar que el resultado será el mismo.

También se aprobó (y quedó para una próxima ocasión) un pedido para analizar los nombramientos consulares efectuados por el Gobierno durante el último año y para pedir al presidente Lenín Moreno que reconsidere su resolución de suprimir los consulados de Queens, Phoenix y Valencia. A Byron Suquilanda, autor de la propuesta, le molesta encontrar a la esposa de Richard Espinosa, expresidente del Directorio del IESS, como cónsul en Toronto.

Por lo demás, empezó el primer debate de la ley para evitar la violencia en los estadios deportivos y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que aún tienen un largo proceso por delante hasta llegar a su aprobación. Lo demás fue un saludo a la galería, o mejor dicho, a las redes sociales: por iniciativa de la oficialista Marcia Arregui, la Asamblea emitió una resolución para condenar “los execrables hechos en contra de un humilde guardia de seguridad de la urbanización La Cumbre, al norte de Guayaquil, y la actuación del médico legal y encargados de impartir justicia que dieron paso a una sanción que juzga este repudiable acto como una contravención y no como un delito”. Con esta nueva metida de mano en los tribunales concluyó la primera jornada parlamentaria del regreso a clases.

Todo queda como está

La presidenta Elizabeth Cabezas y los jefes de bloque se reunieron con el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER). Él pidió que, ante la suspensión del concurso de frecuencias, se incluya en la nueva Ley de Comunicación una transitoria para renovar las frecuencias de los actuales titulares hasta que se organice otro concurso.