La Asamblea intenta tender puentes con los empresarios

La Asamblea retoma actividades con bandera blanca en mano. El bloque oficialista piensa en más beneficios para los empresarios en el proyecto de ley de Incentivos Tributarios que se discutió, en primer debate, ayer.

A la reducción de elementos para el cálculo de impuestos de los transportistas, la ampliación de exoneraciones para quienes contraten servicios de medicina prepagada y la aclaración en el concepto de precio exaduana –que reducirá los costos para los importadores de licores–, se sumarían incentivos para los ganaderos y los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). No se descarta, además, eliminar el pago del anticipo del impuesto a la renta para las personas jurídicas (empresas).

Virgilio Hernández, militante de PAIS y asambleísta ponente del proyecto de ley que envió el presidente Rafael Correa, explicó que para analizar la eliminación de un tributo se debe tomar en cuenta el impacto fiscal que tendría el Estado. Es decir, cuánto menos ganará el país por impuestos.

Tal como está el texto, por ejemplo, el impacto no superaría los 63 millones de dólares. 60 millones por la deducción de la contratación de medicina prepagada, 1,1 millones por el incentivo a los transportistas y 2,3 millones de dólares por la modificación en el precio exaduana que tienen los bienes importados.

Franco Romero, asambleísta independiente, cree que es urgente eliminar el anticipo. Para él, antes de tomar en cuenta el impacto en las arcas fiscales, hay que considerar la dificultad que tienen los empresarios al pagar ese tributo. El cobro se hace sobre la base de una proyección de ingresos que tiene el sector privado. La coyuntura, dijo Romero, impide hacer un cálculo real.