Un tema que dejó de causar polémica, pero que sigue presente. Los problemas políticos de la Asamblea Nacional desplazaron a un segundo plano otros detalles como la contratación de personal que ya supera, aunque por poco, a lo que recibió la actual administración en mayo de 2021.

El aumento de personal ha sido sostenido desde julio pasado, pero en el último mes de este año hubo un incremento importante, pasando de 1.273 funcionarios en diciembre a 1.317 en marzo, según la sección transparencia del Legislativo.

En los pasillos de la Asamblea se tejen todo tipo de versiones y suspicacias sobre este aumento de servidores legislativos. Oficialmente, nadie explica los motivos. La presidenta Guadalupe Llori hizo una rendición de cuentas de sus primeros siete meses de gestión, la semana pasada, pero no abordó el tema de las contrataciones de personal.

También, tiene pendiente, desde septiembre de 2021, informar los resultados de la evaluación a su equipo de 21 colaboradores, entre coordinadores y asesores, a los que pidió la renuncia luego de que se conociera de la compra de empanadas por seis dólares para un evento y de la ejecución del contrato de servicios de alimentación para eventos protocolarios de la Asamblea Nacional suscrito por dos de sus colaboradores por un monto de $ 100.000.

“Se pretendió escandalizar respecto a la contratación de temas básicos de protocolo que son parte de la esencia misma de esta institución. Por eso solicité a la Contraloría General del Estado que realice exámenes especiales a los procesos de contratación, cuyos resultados fueron claros en el sentido de que se llevaron a cabo dentro del marco de la ley y sin corrupción”, aseguró Llori.

La Asamblea también hace acercamientos con el Gobierno para obtener recursos que le permitan jubilar a los trabajadores que han cumplido con los tiempos y han manifestado el deseo de dejar esta Función del Estado.

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomendó en noviembre de 2021 al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que revise todas las contrataciones del personal que trabaja en los despachos de los actuales asambleístas.

Esto, porque podría haber una suerte de nepotismo indirecto cuando un legislador contrata al familiar de otro y viceversa, advirtió entonces esta instancia legislativa.

Esto, luego de la investigación al legislador Eckenner Recalde que, según denuncia de la que era entonces su organización política, Izquierda Democrática (ID), recibía aportes económicos por parte de su equipo de trabajo para levantar una sede del partido en el sur de Quito y para cubrir gastos de campaña.

Según el Comité de Ética, se evidenció entonces que la cuñada de Recalde trabajaba activamente en su despacho, pero constaba en la nómina del despacho de Amparo Guanoluisa, quien también es parte de Izquierda Democrática.

Pese a aquello, el legislador cuestionado no fue destituido, gracias a que la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) y una facción de Pachakutik se abstuvieron de votar por el informe y, por lo tanto, la recomendación de investigación al personal tampoco fue acogida por los legisladores.

Las aguas también han bajado por el lado de la Comisión de Fiscalización. Su presidente, Fernando Villavicencio, había solicitado los informes detallados sobre la contratación de funcionarios en los primeros meses del período legislativo, sin embargo, esta información no llegó a tiempo y no ha habido más noticias al respecto.

• “Que bajen tensiones y provocación”

Llori calificó como “extrema” la posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso acuda a la muerte cruzada.
“Este tipo de crisis se puede resolver con diálogo y también respetando la autonomía de las funciones del Estado”, señaló.
Dijo que invitaba al Ejecutivo a bajar las tensiones y las provocaciones que últimamente se han hecho en contra de la Asamblea, porque el país no está para más inestabilidad, aseguró.