Con una votación de 123 a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional ha dado luz verde a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, una norma que se presenta como un complemento en la batalla contra la delincuencia en el país, que entre otras cosas, regula el porte de armas para guardias privados.

Esta propuesta establece y regula un Sistema de Vigilancia y Seguridad Privada, cubriendo aspectos cruciales como la prestación de servicios de vigilancia para la protección de personas, bienes, tanto muebles como inmuebles, y valores. Asimismo, contempla la formación, capacitación y la expedición de licencias para el porte de armas por parte de los trabajadores de seguridad privada.

Uno de los aspectos más destacados de esta norma es la disposición que permite a las compañías de seguridad acompañar a sus empleados durante procesos jurisdiccionales cuando actúen en defensa de la vida y estén realizando su labor correctamente.

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Diego Arroyo, vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (FENASPE), subrayó que esta ley representa un anhelo de muchos años, destacando que la normativa actual se ha convertido en un instrumento que propicia la precarización laboral.

El legislador Xavier Jurado, miembro de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, enfatizó que esta ley es un instrumento efectivo para regular y fortalecer el sector, garantizando los derechos fundamentales de los trabajadores, como la vida, el trabajo y la seguridad.

Tras su aprobación en el Pleno de la Asamblea, la ley debe ser enviada al presidente Daniel Noboa para su revisión. Si no se presentan vetos presidenciales, la normativa será publicada en el Registro Oficial y entrará en vigor.

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