Con el acelerador a fondo. La Asamblea Nacional apresura el despacho de los juicios políticos pendientes, según analistas, para llegar antes al proceso contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

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Esta realidad, acotan, quedó evidenciada desde el inicio, cuando la Comisión de Fiscalización, presidida por la legisladora correísta Pamela Aguirre, se ‘abrió paso’ al control político de la fiscal general suspendiendo y archivando otros.

Incluso se ratificó con el expedito tratamiento que el Legislativo dio al juicio político al exministro de Inclusión Social Esteban Bernal, quien en menos de cinco horas fue censurado por la mayoría parlamentaria.

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Aunque a raíz del caso Metástasis la Asamblea se expresó a favor de la fiscal, el analista político César Febres-Cordero recuerda que el correísmo tiene un “espíritu casi deportivo” por la censura de Diana Salazar y que en ellos prevalece la premura.

“El correísmo ha perdido espacios, como en el Consejo de Participación tras la destitución de Alembert Vera. Para ellos es importante cesar a un elemento (la fiscal) totalmente opuesto a ellos en la justicia”, explica.

Respecto al resto de bloques, recuerda que Construye, ADN y el Partido Social Cristiano (PSC) han dicho estar en contra. Esto pese a que la solicitud fue aprobada con votos socialcristianos en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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¿Por qué la prisa? Según Febres-Cordero, hay dos opciones: el caso Metástasis y la proyección política de la fiscal Salazar. “Es urgente para ellos desacreditarla y manchar su trabajo”, comenta y recuerda que tanto la renovación en la Fiscalía como las elecciones se avecinan.

Precisamente estos dos elementos, la renovación del fiscal general y los comicios presidenciales y legislativos de 2025, son los que motivan la premura por ‘bajarse’ a la fiscal Diana Salazar, sostiene el abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

“Hay que tomar en cuenta que el mandato de la fiscal termina en 2025 y que antes del último trimestre de este año ya debe iniciarse el concurso”, resalta Alarcón y recuerda que llegar a Salazar puede ser una tarea complicada por los juicios políticos aún represados desde la Asamblea Nacional cesada.

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Según la agenda parlamentaria presentada por la administración del presidente del Legislativo, Henry Kronfle, antes de la fiscal se encuentran los juicios políticos a los vocales de la Judicatura Fausto Murillo y Juan José Morillo; y a los exministros de Energía e Interior Fernando Santos Alvite y Juan Zapata, respectivamente.

Aunque es verdad que el concurso para seleccionar y designar al titular de la Fiscalía General del Estado empezará en 2024, Mishelle Calvache, consejera de Participación Ciudadana, señala que eso no impediría que se desarrollen las funciones de la fiscal, incluso las sanciones políticas.

“En los próximos meses ya tenemos que haber iniciado el concurso (para renovar al titular de la Fiscalía General del Estado). Sin embargo, el juicio político no tiene nada que ver con las funciones de la fiscal, ni es impedimento para ejercer las de la Asamblea Nacional”, sostiene la consejera de Participación Ciudadana.

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