Por las contradicciones entre lo que dicen y hacen el presidente de la Asamblea Nacional y algunos asambleístas que conforman el Consejo de Administración Legislativa, solo se puede pensar que se pasan de sinvergüenzas o que no tienen idea del procedimiento legislativo para un juicio político. Me inclino por lo primero.

(Lea también: Daniel Noboa: "Debemos bloquear las 500 formas creativas de lavar dinero")

El 2 de noviembre, una vez que se había sellado el pacto entre RC5, PSC y el nuevo gobierno, Henry Kronfle sucumbió ante la presión de las redes sociales y aseguró a sus seguidores que “nadie nos ha planteado y jamás hubiésemos aceptado destituir a la fiscal…”.

La calma que encontró no duró mucho tiempo, a los pocos minutos el expresidente Rafael Correa salió a decirle que era un mentiroso. “Estás mintiendo. Nosotros les planteamos el juicio a la fiscal y lo vamos a hacer”, sentenció Correa, con lo que desenmascaró a Kronfle, quien bajó el tono, pero mantuvo su posición de que no enjuiciarían a Diana Salazar.

Pasaron dos semanas, el pacto entró en funcionamiento, se repartieron los puestos en la Asamblea y a los 4 días de posesionado el presidente Noboa, la asambleísta por RC5, Gisella Garzón, presentó la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general.

(Lea también: El CPCCS da de baja la terna enviada por Guillermo Lasso para superintendencia)

Ese mismo día, 27 de noviembre, Vicente Taiano, del PSC, muy enérgicamente aseguró que: “La solicitud de enjuiciamiento político presentada por la bancada de RC en contra de la fiscal general del Estado no forma parte de las coincidencias por la gobernabilidad en la Asamblea Nacional. Ratificamos que el PSC y aliados no apoyarán esta solicitud”.

Ese mismo día, Diego Matovelle, de ADN, y vocal del Consejo de Administración Legislativa realizó similares declaraciones: “Nosotros como bancada no lo vamos a apoyar, no vemos que haya méritos para el juicio, más bien creo que sería algo desgastante”.

Cuatro días más tarde, el 1 de diciembre, el CAL decidió enviar la solicitud de juicio a la Unidad Técnica Legislativa para que verifique si cumplía con los requisitos. El 4 de diciembre, la Unidad emitió su informe concluyendo que la solicitud cumplió solo parcialmente los requisitos, faltando, en mi opinión, el más importante: la carga probatoria.

(Lea también: Abad sobre viaje a Israel: "Nunca podrán arrancar mis raíces (...), vuelvo pronto")

A pesar de estas inconsistencias, el CAL dio paso al inicio del juicio político y lo envió a la Comisión de Fiscalización, aduciendo que la única función del Consejo era verificar que la solicitud cumpla con los requisitos y no le corresponde analizar el fondo del proceso. Entonces, ¿por qué dio paso al juicio si el informe de la Unidad Técnica dice que no cumplía con todos los requisitos? Además, es falso que el CAL solo se limita a revisar requisitos de forma. Hay innumerables casos en que han negado juicios cuyas solicitudes cumplían con todos los requisitos.

¿Quiénes votaron a favor de que se inicie el juicio? Los mismos que días antes habían asegurado estar en contra del juicio y que todavía juran que no tienen un pacto. RC5, PSC y ADN. ¡Qué falta de vergüenza!

Todos cayeron en la contradicción, incluso el presidente Noboa, quien apenas horas antes de la decisión del CAL, aseguró que su bancada no estaba a favor del juicio político contra la fiscal.

(Lea también: Comisión aprueba informe para primer debate de la reforma tributaria de Noboa)

Si el orden de los procesos anunciados por Kronfle se cumple sin cambios, no habrá tiempo para que esta Asamblea conozca el juicio contra la fiscal, como tampoco lo habría para el juicio contra los miembros del Consejo de la Judicatura, pero todos sabemos que es muy fácil cambiar el orden del día y pasar un tema antes que otro. Después de todo, solo se trata de tener los votos para hacerlo.

Ahora bien, la fiscal Diana Salazar tampoco es la funcionaria inmaculada que muchos creen que es. Tiene una muy buena imagen gracias a sus actuaciones iniciales, que los ecuatorianos aplaudimos por su claridad jurídica y valentía, pero también es cierto que tiene un manejo extremadamente político y personal de los casos que investiga.

Hay muchísimas indagaciones que están abandonadas por su negligencia o desinterés. Son demasiadas las personas investigadas, por no decir perseguidas, tan solo porque discrepan públicamente de sus decisiones. Hay silencios casi cómplices en casos que manejan fiscales cercanos a ella.

En realidad, Diana Salazar debe responder por muchas de sus actuaciones. Si no fuera porque quienes están tras su destitución solo buscan impunidad por los actos de corrupción cometidos cuando ejercieron el poder, me atrevería a decir que su juicio político es necesario y saludable para el país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!