Para el miércoles 13 de noviembre del 2019 está previsto que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reúna para calificar la proforma presupuestaria que contiene el presupuesto general del estado (PGE) para el año 2020, y el presupuesto cuatrianual, que fuera presentado por el Gobierno el pasado 31 de octubre por parte del ministro de Finanzas, Richard Martínez.

De acuerdo con lo que determina la Constitución en el artículo 295, la Asamblea solo tiene 30 días de plazo para aprobar, en un solo debate, el presupuesto presentado, esto es hasta el 30 de noviembre, de lo contrario, la propuesta del Ejecutivo entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. La legislatura solo podrá hacer observaciones por los rubros de ingreso y egresos sin alterar el total del presupuesto, que para este año es de 31.469 millones de dólares.

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“(...) La Asamblea Nacional aprobará u observará, en los treinta días siguientes y en un solo debate, la proforma anual y la programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea Nacional serán sólo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma”, señala el artículo de la Constitución.

El no conocimiento de la propuesta del Ejecutivo por parte del CAL, presidido por César Litardo, deja poco espacio a los asambleístas para conocer la propuesta que llegó del Ejecutivo. Han transcurrido 13 días y solo les quedaría 17 días para que la Comisión Especializada Permanente, que por práctica legislativa ha sido la de Régimen Económico, que al momento se encuentra tramitando el proyecto de ley de crecimiento Económico y que tiene el carácter de urgente en materia económica, analice el documento y reciba a los diferentes sectores para que presenten sus observaciones a la propuesta gubernamental.

Desde ya existen ponencias contrarias a la reducción del presupuesto en educación a las universidades. De acuerdo con el anuncio de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), se hace una reducción de 37 millones de dólares a las cuatro instituciones de educación superior más grandes del país. Universidad Central del Ecuador, Escuela Politécnica Nacional, Universidad de Guayaquil y Escuela Politécnica del Litoral.