La Asamblea Nacional (AN) decidió este 8 de abril de 2021 llamar a juicio político al ministro de Trabajo, Andrés Isch, por un presunto incumplimiento de funciones. El debate derivó en acusaciones entre los legisladores por un supuesto interés de mezclar el tema con las elecciones del domingo próximo.

Dos horas tomó la lectura del informe que fue aprobado por la Comisión de Fiscalización, aunque luego fue reconsiderado por pedido de los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), Mercedes Serrano y Dennis Marín. Ahí se expusieron las supuestas omisiones del funcionario, entre las que se encuentran haber interpretado la Ley Humanitaria, no proporcionar información oportunamente y no dar paso al incremento del Salario Básico Unificado de 2021.

En el debate surgieron dos posturas. Una como la de los legisladores de la Revolución Ciudadana Esteban Melo y Marcela Holguín, que impulsa el juicio político, quienes pedían que se llame inmediatamente a Isch para que sea eventualmente censurado y destituido por el pleno de la Asamblea.

Melo señaló que esa era la oportunidad para demostrar qué legisladores estaban de lado de los trabajadores y cuáles del gobierno de Lenín Moreno con el que dijo ha cogobernado el candidato de CREO- PSC, Guillermo Lasso.

Eso fue justamente lo que criticaron los legisladores que, sin oponerse al juicio político a Isch, aseguraron que detrás de la urgencia por continuar con este proceso de fiscalización, había interés para beneficiar a la candidatura de uno de las finalistas a la Presidencia.

Serrano proponía que este tema sea votado luego de las elecciones del domingo próximo para que no se contamine con el proceso electoral como pretendería, especialmente, la bancada correísta.

A esta postura se sumó Gabriela Larreátegui, de SUMA, y Absalón Campoverde, de CREO. El debate se extendió por casi dos horas. El llamado a juicio político se aprobó con 79 votos a favor.

Previo a este careo, el asambleísta por Santa Elena Jimmy Candell mocionó un cambio del orden del día para que la Asamblea discuta la pertinencia de llamar al ahora exministro de Salud, Mauro Falconí.

Según el legislador, el exfuncionario le debe a los asambleístas y al país una explicación sobre el plan de vacunación, las demoras registradas el 7 de abril en Quito para inocular a los adultos mayores y sus denuncias de supuesta injerencia de autoridades del Gobierno en la distribución de vacunas. 

Este punto no se llegó a discutir porque el presidente de la Asamblea, César Litardo, suspendió la sesión tras la votación del juicio político.