La Asamblea ira por el tercer intento de reformar su ley

Tercer intento. Los asambleístas de las diferentes tiendas políticas ven con urgencia la necesidad de reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Las dos ocasiones anteriores que hicieron cambios a esta normativa, vigente desde 2009, estos fueron vetados por el Ejecutivo. En 2012 por Rafael Correa y en 2017 por el presidente Lenín Moreno.

Según la normativa constitucional y legal, cuando hay un veto total a una propuesta de ley, el tema no pude ser tramitado nuevamente sino pasado un año de la objeción hecha por el Ejecutivo. Moreno vetó totalmente los cambios a la Ley Legislativa que hiciera la ex mayoría oficialista a días de terminar su periodo, en mayo de ese año. El Ejecutivo no dio paso a esas modificaciones el 12 de junio de 2017.

Transcurrido el impedimento legal, los bloques legislativos ya preparan sus propuestas de reforma. Los cambios se enfocan en la fiscalización, aspecto que ha sido criticado por los propios asambleístas y la ciudadanía, en principio porque en la última década se dijo que no se cumplió con esta facultad legislativa, y ahora porque la falta de voluntad política deja en el limbo procesos de juicios políticos.

Para el coordinador de la bancada de CREO, Roberto Gómez, son urgentes las reformas que permitan el normal trabajo legislativo y de fiscalización, que es una de las tareas de la Asamblea. “La urgencia es la fiscalización”, dice a EXPRESO.

Desde Izquierda Democrática (ID - BIN), Wilma Andrade indica que los cambios deben estar enfocados en la recuperación de la acción legislativa de los asambleístas porque no hay debate, estableciendo que los proyectos se traten artículo por artículo; así como el tema de la composición de las comisiones permanentes. Considera que estos organismos estén en funciones dos años, con la posibilidad de que los comisionados sean valorados cada año. En fiscalización cree que se debe retomar que los funcionarios comparezcan al Pleno de la Legislatura para hacerles preguntas y valorar sus respuestas.

“Los juicios políticos no deben terminar en la comisión; es el Pleno el que debe decidir o no su archivo. También hay la necesidad de crear una unidad de técnica legislativa; crear una unidad de seguimiento a la implementación de las normas”, manifestó la coordinadora Ximena Peña, de Alianza PAIS.

Apuesta a la reforma

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, reconoció en entrevista con EXPRESO que existen “vacíos en los procedimientos de fiscalización” y cree que esto se puede solucionar con una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Para ella, hay que subsanar temas como la falta de votos para tomar una decisión, por lo que plantea que en este caso el trámite pase al Pleno de la Asamblea, para evitar que los juicios políticos se queden en el organismo legislativo.